El GRR reclama la investigación por el uso de agrotóxico

El Grupo de Reflexión Rural emitió una declaración en la que considera que el reciente fallo judicial que intima a que se cumpla la ley, alejando las fumigaciones del barrio Ituzaingó anexo de Córdoba por la cantidad de casos cáncer existentes, es “la punta del iceberg” de situaciones que vienen denunciando sus miembros “desde hace años y ante el cuál se han cerrado hasta el momento, no solo las puertas, sino también los oídos y el corazón, tanto de los funcionarios como de la Justicia”. En ese sentido, recuerdan que desde hace cuatro años implementan “una campaña contra las fumigaciones en el territorio de las provincias sojeras y arroceras”, inspirada en las luchas de las madres de ese barrio cordobés, y por este motivo se han sentido “sobrepasados en la capacidad de sorpresa y de dolor por los efectos de la extrema contaminación” generada por la agricultura industrial. “Se trata de un genocidio practicado sobre las poblaciones de las provincias sojeras y de los puertos por donde se exportan los porotos, que se oculta porque acompaña los éxitos del modelo agro exportador, así como los récord de cosechas”, aseguran en el documento. “Las evidencias de que el cáncer es una metástasis en el cuerpo enfermo de la Argentina exportadora de commodities, son incontrastables”, afirman, y acotan que “las evidencias de que se trata de una metástasis que acompaña de manera obligada a la frontera agropecuaria, que las malformaciones en niños, el asma, los abortos, los problemas respiratorios y de piel, los procesos de impotencia sexual, las parálisis progresivas y otros males, son propios de un modelo de producción que conlleva el uso masivo de venenos”. En este contexto, lamentan la falta de respuestas y soluciones ante ciertos casos certificados por el uso de agrotóxicos, como el que padece Fabián Tomáis, un ex fumigador de Basavilbaso, quien “todavía espera en la ciudad que algún investigador o miembro de la Justicia lo entreviste, para hacer conocer a través de su propia y personal experiencia, la irresponsabilidad y el desmanejo que acompaña la práctica de las fumigaciones en que se basa el actual éxito agrícola argentino”. A la par, alertaron: “Lo que estamos viviendo es una catástrofe sanitaria sin precedentes”, y remarcaron que “las consecuencias sanitarias del modelo y sus impactos, podrían constituir delitos sumamente graves, tal vez de lesa humanidad, ya que han ocasionado daño y muertes innumerables en miles de personas inadvertidas e indefensas”. “Estas responsabilidades alcanzarían a los decisores y funcionarios del área que continúan insistiendo en llamar fitosanitarios a los venenos que provocan enfermedad y muerte en personas y animales, pero alcanzaría también a quienes habilitaron los tóxicos para su uso comercial, a quienes los categorizaron como de baja toxicidad y a los que desde puestos ministeriales o desde asociaciones empresariales, han realizado campañas publicitarias, afirmando que algunos de esos tóxicos desaparecían en contacto con el suelo o que inclusive, podrían beberse de tan inocuos que serían”, añadieron. Por último, el grupo propuso la necesidad de que “se abran investigaciones a fondo sobre la situación sanitaria existente en la Argentina” y que “se establezcan estadísticas de morbimortalidad en las zonas sojeras, para poner al descubierto el modo en que la salud y la vida han sido impactadas”. Asimismo pide que “se investigue la razón por la que las leyes que regulan el uso de agrotóxicos o la distancia de su aplicación a las poblaciones no se cumplen prácticamente en ningún lugar de la Argentina”. Y propone “abrir un debate sobre los estragos que provoca el modelo sojero y de las agriculturas industriales”.