| El 31 de agosto de este año un incendio destruyó parcialmente las instalaciones de la Residencia Estudiantil de la Escuela Agrotécnica N° 145 de Basavilbaso.
El hecho en sí, que podría haber sido sólo una noticia del momento, tiene hoy, a dos meses de producido, consecuencias impensadas, que han incidido y están incidiendo sobre todo el entorno de ese establecimiento educativo, pero que no han conseguido solucionar lo más urgente y necesario que es la permanencia de los alumnos que en ella se alojaban.
Si bien en un principio la respuesta de algunas autoridades y organismos, entre ellos el Diputado Julio César Aldaz, la Dirección Zonal de Arquitectura y la Supervisora Zona XXIII de Nivel Medio, fue inmediata, determinando el estado del inmueble y la prioritaria obtención de un lugar apto para continuar prestando el servicio conexo a la educación, cuál es el alojamiento de los jóvenes provenientes de zonas rurales y pueblos vecinos, a los pocos días se hizo evidente que aquellos que tenían el poder de decisión estaban mirando para otro lado.
Desde la comunidad educativa de la Escuela, primero el personal de la misma y luego los padres de los alumnos afectados, emanaron sendas notas reclamando la solución en plazos perentorios, y advirtiendo, desde adentro, cuáles serían los problemas que, lamentablemente, hoy se están padeciendo.
Uno de los análisis más concretos se refería a la inminente posibilidad de que, ante la falta de la oferta residencial, los chicos que quedaban aquí durante la semana por resultarles imposible viajar todos los días, iban a estar más dispuestos a abandonar el curso, la mayoría de ellos en la búsqueda de un trabajo, antes que de la reinserción en otra institución. Por lo demás, aún cuando asistieran alternadamente, cada vez que conseguían un medio de transporte gratuito y a horario, trastocaba también el normal desarrollo de la actividad áulica, demorando el cumplimiento del programa planificado y retrasando el aprendizaje de toda la división.
A este respecto nada hace falta decir, el cincuenta por ciento de los alumnos afectados, hoy no asiste a clases, mientras que los restantes concurren irregularmente; es doloroso ver, en los días de lluvia que abundaron en ese período hasta la fecha, cómo la perseverancia y al afán por continuar estudiando los llevaba a hacer dedo en la ruta bajo las inclemencias del tiempo, mientras, seguramente, quienes tienen en sus manos la posibilidad de brindar una respuesta rápida, estaban guarecidos en cómodas oficinas o viajando en confortables vehículos oficiales.
Nada se ha hecho hasta ahora, solo mera tramitación burocrática que, de antemano, está destinada al archivo. Ni la Supervisión Departamental de Escuelas ni el mismo Consejo General de Educación han cumplido con su obligación de brindarse por entero al cumplimiento de uno de los objetivos básicos de la función pública. Si no se ha conseguido el lugar es porque no se ha querido conseguir. Si no se ha pensado en los gurises es porque a nadie le interesan. Si ninguna de esas autoridades se ha hecho presente es porque a ellos les resulta indistinto que se solucione o no.
Para colmo, en lo que constituye una clara demostración de lo alejados de la realidad que se encuentran, han iniciado un expediente para determinar “responsabilidades”, que seguramente, como a ellos les conviene, concluirá con la asignación de la culpa a aquellos que “permitieron” que la Residencia funcionara en las condiciones en que se encontraba aún antes del siniestro. Pero nadie dirá, desde el poder, que durante más de una década desde ese lugar, y con el esfuerzo conjunto de directivos, personal docente y no docente, cooperadora, padres y los mismos alumnos, salieron varias promociones de egresados que se insertaron en el mercado educativo terciario y universitario y en el laboral, cuando a priori su destino estaba marcado por quienes insisten, irremediablemente, en negar el acceso a la educación a cierto sector social de nuestra población.
Los chicos que el “internado” contuvo durante tanto tiempo, a despecho de la inoperancia y el desinterés de quienes rigen los destinos de la educación en el departamento y la provincia, reconocen su valor. Los que hoy no lo tienen van a sufrir las consecuencias a largo plazo como hoy las sufren en lo inmediato. Nadie se ocupa de ellos porque es más fácil armar un sumario administrativo. Pero las mismas autoridades que lo iniciaron, y que seguramente disfrutarían deslindando responsabilidades y para eso lo hicieron, no podrán negar frente a los actores de este problema que vieron en muchas oportunidades cómo y dónde se brindaba ese servicio, y no hicieron nada ni dijeron nada para que algo cambiara.
Esta investigación periodística tiene un sabor amargo para quién la hizo porque no permite vislumbrar un final feliz, pese a que está al alcance de la manos si se quisiera lograr. Bastaría sólo, si hubiese voluntad de hacerlo, que los responsables charlaran un rato con los chicos que están y con los que en estos dos meses se fueron, para comprender por dónde pasa la verdad de esta cuestión. Descubrirían, por ejemplo, que hay muchos que hasta aquél nefasto día cursaban sus estudios y hoy están tempranamente insertos en un mercado laboral irregular, que los va a fagocitar rápidamente porque es demasiado fuerte para ellos, y que nunca más volverán a disfrutar de la posibilidad de educarse de la que si disfrutaron, y hoy no aprecian, los burócratas de turno. También se encontrarían con que a quienes no les faltó un plato de comida durante todos estos años, el hambre se les sacia ahora solo de vez en cuando. Sufrirían en carne propia la herida en el alma al ver tanta niñez desperdiciada, haciendo irreal aquellos de que la educación es para todos.
Alguien debe hacer algo y ¡YA!, porque mañana será tarde.
La comunidad lo exige y esos gurises están mirando desde afuera, esperando una respuesta.
Fuente: investigación periodística de Semanario Crónica.
