| Mario Fariña y Guillermo Calabrese no concurrieron a prestar declaración indagatoria, prevista para el jueves 28 de septiembre pasado, en el marco de la investigación que lleva adelante el Juzgado de Instrucción Número 5 de la ciudad de Paraná, a cargo del Dr. Ricardo Daniel Bonazzola, por la compra de un terreno para la Escuela Agrotécnica de Basavilbaso. Los ex funcionarios del Gobierno del radical de Sergio Montiel están imputados de ser autores del presunto delito de “negociación incompatible con la función pública”.
Según trascendió de fuentes judiciales el hecho por el cual se requirió la instrucción de la causa deviene de la época en que Mario Fariña se desempeñaba como Subdirector de Escuelas Técnicas del CGE y Guillermo Calabrese como Director de Programación Presupuestaria y Gestión de Recursos del CGE. Los ex funcionarios montielistas durante el período comprendido entre el 4 de octubre del 2002 y el 28 de noviembre del 2003, en ejercicio de sus facultades que en virtud de sus funciones revestían, impulsaron y llevaron adelante respectivamente el proceso de negociación tendiente a que el CGE adquiriera un predio de 5 hectáreas ubicadas en el ejido de Basavilbaso con destino al centro educativo Número 145 (CECA)de la localidad.
En dicho procedimiento quedó evidenciado, durante todo su desarrollo, que existió en la negociación un manifiesto interés en beneficiar a Mary Pasik y Jacobo Matzkin por encima del interés de la administración pública provincial al que debían dar preeminencia atento a la calidad de funcionarios públicos que revestían Fariña y Calabrese.
Según la escritura pública Número 425 consta que el gobierno entrerriano adquirió durante la gestión del doctor Montiel un inmueble dos semanas antes de entregarle el mando al gobernador Jorge Busti pagando $15.000 por hectárea cuando su valor real ascendía a $6.500 la hectárea, conforme a lo que se determinó en el estudio realizado por el Consejo de Tasaciones de la provincia de Entre Ríos. El perjuicio que se trata de establecer fehacientemente en los estrados judiciales ascendería a $32.500.
Recordamos que la investigación comenzó por la solicitud de los Diputados Provinciales, Dr. Julio César Aldáz (PJ- Uruguay), Juan José Bahillo (PJ- Gualeguaychú) y Alicia Haidar (PJ- Diamante). En su momento la Cámara Baja entrerriana había requerido que el gobernador Jorge Busti investigara las "presuntas" irregularidades en la operación de compra del inmueble, y tiempo después la Fiscalía de Estado produjo un dictamen en el que atento a las irregularidades que detectó consideró necesario realizar distintas actuaciones y remitirlas a la Oficina Anticorrupción, a los efectos que tomara intervención. Luis Pedemonte, titular de la repartición tomó el tema y presentó, el 9 de mayo de 2005, una denuncia contra el ex gobernador Sergio Montiel y el ex ministro de Gobierno, Fermín Garay, por fraude en la compra del campo para la escuela. En la causa involucró al ex subdirector de Escuelas Técnicas del Consejo de Educación, Mario Fariña, el ex director de Programación Presupuestaria y Gestión de Recursos, Guillermo Calabrese, quienes no se presentaron a prestar declaración indagatoria el 28 de septiembre pasado, imputados por ser autores del presunto delito de negociación incompatible con la función pública y los particulares Jacobo Matzkin y Mary Pasik, vendedores del inmueble, como partícipes necesarios del delito.
Cabe consignar que la Agente Fiscal Número 2 de Paraná, Dra. Elisa Esmeralda Zilli, consideró que había elementos suficientes para requerir la instrucción formal por el supuesto delito de negociación incompatible con la función publica, despejando el mero carácter político que se le atribuía a la denuncia, ya que si fuese así lo hubiera desestimado y recomendado su archivo.
