La emergencia agropecuaria un logro de los legisladores y no del gober

Cusinato afirmo que "en una situación crítica como la que atraviesan nuestros productores, el gobierno provincial se hace el desentendido y lo único que se le ocurre como política de Estado, es aumentar arbitrariamente el impuesto inmobiliario rural al 100 %". El Diputado Nacional de la UCR, dijo que "en cada lugar de Entre Ríos que visitamos, recibimos las justas quejas de "nuestros productores sobre el aumento en el Impuesto Inmobiliario Rural y también denuncias de intimaciones de la Dirección General de Rentas (DGR), lo que hace poner en peligro las propiedades y el capital de trabajo de nuestros chacareros. Ante esta situación el gobernador, sigue haciendo turismo por Buenos Aires, sin soluciones algunas para nuestra provincia". Cusinato explicó que "la emergencia por sequía consiste, básicamente, en pedido de partidas presupuestarias especiales para afrontar las acciones de asistencia y reconstrucción productiva de las economías afectada", al tiempo que felicitó a los diputados nacionales Cristina Cremer, Gustavo Zavallo, María de los Ángeles Petit, Emilio Martínez Garbino, Sergio Varisco y Lisandro Viale, " porque más allá de los esfuerzo individuales, todos juntos pudimos ponernos al frente de los reclamos de nuestros productores". "Entre todos hemos logrado que nuestra Provincia pudiera ingresar en la emergencia por sequia dispuesto por el gobierno nacional, mientras el gobernador sigue sin reconocer la crisis que viven nuestros chacareros y prueba de esto es que Urribarri, ni siquiera ha declarado la emergencia agropecuaria en Entre Ríos", dijo. Cusinato aclaro que la emergencia es por 180 días y una partida especial de entre 20 y 30 millones de pesos para algunos departamentos de la Provincia como Paraná, Uruguay, Concordia, La Paz, Feliciano, Federal, Federación, Villaguay, San Salvador, Colón, Tala, Gualeguaychú, Gualeguay, Nogoyá, Islas, Diamante y Victoria. Cusinato hizo estas declaraciones luego de reunirse con la Mesa de Enlace del Campo, donde se comprometió a llevar adelante los reclamos de los ruralistas, que se centraron en un sistema distinto de retenciones, una nueva ley de emergencia agropecuaria y otra de arrendamientos de la tierra para los procesos de concentración que expresan los llamados "pooles" de siembra, además de discutir un precio justo para la producción cárnica, la producción lechera y las economías regionales, y algunas cuestiones que estaban contempladas en el proyecto de las retenciones móviles (como reintegros por flete o segmentación de las retenciones), pero que al ser rechazada la iniciativa no fueron concretadas.