Montiel será indagado por la compra del campo del CECA

Mario Fariña aparece entre los máximos responsables de haber incidido en la compra directa de un terreno en condiciones que la Oficina Anticorrupción consideró perjudiciales para el Estado, junto al por entonces director de Programación Presupuestaria y Gestión de Recursos del CGE, contador Guillermo Calabrese. La denuncia fue presentada en junio del año pasado, ante el Juzgado de Instrucción a cargo del doctor Ricardo Bonazzola, por la presunta comisión de los delitos de fraude a la Administración Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público e involucra a los doctores Sergio Alberto Montiel y Fermín Luis Garay, ex gobernador y ex ministro de Gobierno, respectivamente. La presentación alcanza a Fariña y Calabrese y a los particulares Jacobo Matzkin y Mery Pasik, que vendieron parte de su propiedad al Estado. El trámite de búsqueda de un terreno para el Centro de Educación y Capacitación Agropecuaria de Basavilbaso se inició en 2000. En la nota, autoridades del establecimiento le propusieron al entonces gobernador dos alternativas y lo interesaron por una de ellas. Era un campo de 63 hectáreas, pertenecientes a Sebastián Adamow, que puso como valor del inmueble en 100.000 pesos. El expediente fue girado al CGE y ahí ocurrieron diversas anomalías administrativas. Por citar algunas, sin el detalle con que fueron expuestas en la denuncia de la Oficina Anticorrupción: a) se arribó a una compra directa luego de fracasadas dos licitaciones, que es lo que la ley autoriza; pero entre concurso y concurso las condiciones del pliego variaron, es decir, hubo dos licitaciones distintas que formalmente se las intentó hacer pasar como si fuera la misma, doblemente fracasada; b) no se han podido hallar las publicaciones en los medios escritos con el llamado a licitación, a lo que taxativamente obliga la normativa vigente; y, c) para tener una idea de los procederes, en un expediente donde sobreabundan las "enmiendas" y "correcciones" de fechas, en un mismo día (30/12/2002) tuvieron lugar cinco acciones administrativas diferentes, en lo que pareciera ser un recurso para "apurar" ciertas decisiones o acaso un completo "milagro" burocrático. La Oficina Anticorrupción señala, además, la existencia de un sobreprecio, conclusión a la que arriba luego de cruzar dos fuentes de información. Por un lado, ha pedido del Tribunal de Cuentas, el 13 de diciembre de 2004 el Consejo de Tasaciones realizó lo que en su momento no se le había solicitado: valuó en 42.500 pesos la parcela por la que el Superior Gobierno había decidido pagar 75.000 pesos, 11 meses antes. El otro asunto tiene que ver con el terreno adquirido en sí. Resulta que los particulares implicados, Matzkin y Pasik, le compraron las 63 hectáreas aquellas por las que Adamow pretendía 100.000 pesos, al comienzo del proceso. Pero al Estado, los nuevos dueños sólo le ofrecen vender 5 hectáreas y piden por ello 75.000 pesos. En fin. El Gobierno aceptó, sin siquiera dar intervención al Consejo de Tasaciones, como queda claro. En el interín, la denuncia de la Oficina Anticorrupción va produciendo un paralelo entre el cambio de dominio del terreno adquirido y las alteraciones "administrativas" a las condiciones generales que desde el Estado van digitando Fariña y Calabrese. La firma de los doctores Montiel y Garay en el decreto que avala la operación es lo que complica la situación, sin contar que está dirigida al ex gobernador la nota en que autoridades del establecimiento educativo de Basavilbaso piden contar con sede propia y proponen el campo de Amadow, operación que luego sufrió los avatares ya detallados. Luego de Fariña, se estima que el Juzgado de Instrucción irá convocando a los otros denunciados para que presten la declaración indagatoria respectiva. Fuente: El Diario