Jueves 1 de Junio de 2006, 23:36

Piden investigar al investigador

CASO GARELLI | El caso de la muerte del niño Lucas Garelli, de la cual fueron acusados sus propios padres, tuvo una nueva variante: ahora el matrimonio de César y Soledad denunció ante la Justicia a un perito policial por posible falso testimonio. Aunque siguen cuestionando a la jueza que instruye la causa, apuntaron los cañones al supuesto especialista, a cargo del Gabinete de Criminalística, porque sospechan que "los resultados de esa pericia fueron forzados".

César Ramón Garelli y María Soledad Croizzard se presentaron ante la Justicia con una denuncia penal contra uno de los peritos que actuaron en la causa iniciada por el Juzgado de Instrucción a cargo de Estela Natal de Rebossio, a raíz de la muerte del pequeño Lucas, ocurrida en octubre de 2004. Según el matrimonio, una pericia sin ningún rigor científico fue el único elemento en el cual se basó la jueza para procesarlos. Por esa razón piden que se investigue a ese perito -nada menos que el jefe del Gabinete Criminalístico de la Jefatura de Policía Departamental Concepción del Uruguay- para determinar si violó el artículo 275 del Código Penal. Los Garelli reiteraron en su denuncia, presentada ante la fiscalía a cargo de Tomás Rojas el pasado 24 de mayo, que el deceso de Lucas fue en forma accidental, pero el Juzgado orientó la investigación "a la comisión del supuesto delito de homicidio cuando se determinó mediante una primera autopsia que el menor podía haber resultado violado y en una segunda autopsia que el menor había golpeado contra un objeto duro en movimiento". Recuerdan también que fue esa segunda autopsia la que descartó la violación, y que, de acuerdo a la declaración del médico forense, "no se había querido significar forzosamente que el menor había resultado embestido por un objeto en movimiento, sino que podía también haber sido causada por el golpe de su propio cuerpo "en movimiento" contra un objeto estático". Sin embargo, dicen, de esa expresión textual "se quiso extraer que la víctima había sido embestida para matarla y, como de alguna manera había que responsabilizar a los padres, ya que por todos los medios de prensa se les había enrostrado esa acción", se produjo una pericia "sin ningún tipo de rigor científico" según la cual el chico había sido embestido por la camioneta marca Toyota dominio DPK 299, de propiedad de César Garelli, en donde además se apoyaba la identidad "entre las marcas que presentaban las ropas del menor en una ampliación de una toma fotográfica del cuerpo (captada en ocasión de la autopsia) y los relieves de la parte delantera del vehículo". Para los ahora denunciantes, esa prueba fue el único elemento "de alguna manera "objetivo" que contribuyó a formar una muy endeble y tendenciosa base presuncional" que el Juzgado a cargo de la doctora Rebossio utilizó para procesar a César Garelli por homicidio agravado por el vínculo y a Soledad Croizzard por el delito contemplado en el artículo 45 del Código Penal (partícipe necesario en un acto criminal). En la misma denuncia, Garelli y Croizzard recuerdan que el procesamiento fue revocado, pero eso no impidió que la mujer fuera detenida durante trece días y el hombre durante cuarenta y uno. Aunque lo fundamental que destacan es el "irreparable daño moral en tanto fuimos públicamente señalados nada menos que como autores de filicidio en un proceso lamentablemente ventilado por todos los medios de prensa por los propios responsables de la investigación". El matrimonio asegura que el procesamiento fue injustificado, y sus considerandos "plagados de prejuicios y subjetividades", pero también señala que "aún así no se hubiere podido dictar sin el aporte de estos elementos probatorios". Eso no es todo: los Garelli sospechan que los resultados de la pericias que cuestionan fueron forzados para obtener un resultado propuesto con anticipación y que, "sin ningún rigor científico", aportaron con apariencia de certeza "una conclusión absolutamente insostenible, que definió en nuestro perjuicio el curso de la causa en aquel momento". Agrega el matrimonio sus dudas sobre si el perito interviniente -Luis Adrián Etcheverría, que firma como accidentólogo, documentólogo, especialista en Ciencias Criminalísticas y técnico superior en Seguridad Pública- tiene la idoneidad necesaria para ese tipo de exámenes, y señala que es llamativo que cuente con una formación tan amplia como para practicar "desde autopsias psicológicas hasta pericias 'de correspondencia por superposición de imágenes". Y no sólo eso: también se preguntan si existen métodos que permitan establecer semejantes circunstancias o si el perito mencionado es el inventor de ese método. Esto último parece probable: apenas un mes después de la detención de César Garelli, el propio Etcheverría narraba los pormenores de su trabajo pericial en un sitio digital dedicado a criminalística. Fuente: Américo Schvartzman.