Radicales reclaman los fondos coparticipables que le corresponden a Ba

En sus fundamentos los Concejales Raúl Ascaino, Silvina Pérez y María Estela Temón expresan que "La Ley Nº 10.270 sancionada por la Legislatura provincial en diciembre de 2013, la cual modifica el Código Fiscal, ha dispuesto un incremento desmesurado de los impuestos provinciales en perjuicio de todos los entrerrianos". Y si bien desde el gobierno se argumenta que dicho ajuste "se lleva a cabo con la finalidad de redistribuir los recursos", y que el mismo recae en sectores que pueden hacer frente al mismo, "la realidad demuestra que las fuertes subas afectan a la sociedad toda, en un escenario de inflación que se acrecienta a diario". "Esta reforma carga con más presión tributaria a los contribuyentes, ya que incluye subas en el Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano, en la alícuota general sobre ingresos brutos, hotelería, restaurantes, transporte, automotores, servicios de internet y cable, industria farmacéutica, insumos para la construcción y servicios, impactando directamente sobre la industria y el campo. Esta normativa también crea un nuevo impuesto sobre los juegos de azar",señalan los ediles. Si bien la finalidad de la presente norma es acrecentar la recaudación para destinarlo a la seguridad social y el gobierno manifiesta públicamente a través de los medios de comunicación que con el producto de esta modificatoria va a hacer frente a reclamos salariales de los distintos sectores estatales, "la realidad nos muestra que las negociaciones por demandas salariales no condicen con los aumentos propuestos desde el gobierno y los mismos no satisfacen a los trabajadores. Los porcentajes de aumentos de impuestos superan ampliamente a los que el Ejecutivo provincial ofrece a sus empleados como recomposición salarial, evidenciando que no contempla el criterio de proporcionalidad", afirman los legisladores. Según los Concejales esta reforma tributaria -que por sus características se ha dado en llamar popularmente como "impuestazo"- "nos afecta a todos de una u otra forma, hecho que en la práctica se ve claramente reflejado con la llegada de las boletas de los impuestos inmobiliarios y automotor, sorprendiendo a la gran mayoría de los contribuyentes, razón por la cual distintas voces se hacen oír a lo largo y ancho del territorio entrerriano. Esta Ley priva a los municipios de ingresos que le corresponden legítimamente, ya que a través de la misma dispone que el destino del dinero sea afectado a la seguridad social, evadiendo de esa forma enviar recursos que le corresponde a los municipio, ya que la Constitución de Entre Ríos establece que todos los impuestos son coparticipables. En igual sentido crea otro impuesto (juegos de azar) cuyo monto coparticipable no recaerá sobre nuestros pueblos por el lapso de dos años, que si bien se pretende justificar legalmente, se encuentra en contraposición a lo estipulado por la Ley Suprema de la Provincia". En igual sentido -afirman- "el Poder Ejecutivo, ha comenzado la emisión y distribución de boletas de impuestos inmobiliarios y automotor, discriminando en ellas un "Fondo de Seguridad Social", que hasta la fecha no tiene sustento normativo, con lo cual se corrobora lo inespecífico de la afectación, sorprendiendo por su incremento que van desde un 50%, llegando a alcanzar en algunos rubros porcentajes que superan ampliamente este número, realidad que no se condice con la pérdida del valor real del salario. Esta reforma le quita al municipio el dinero que le corresponde en términos de coparticipación, hecho que lesiona gravemente las posibilidades económicas de las comunas y que significa una violación de la autonomía, en contraposición a lo establecido en el artículo 246º de la Constitución Provincial: "Esta Constitución garantiza el siguiente sistema de coparticipación impositiva obligatoria: "Inciso b) Impuestos Provinciales: De la totalidad de la recaudación de los ingresos tributarios provinciales, el monto a distribuir a los municipios no podrá ser inferior al dieciocho por ciento y a las comunas al uno por ciento". El Art. 245º. establece que la asignación de la coparticipación a municipios y comunas "se efectuará, teniendo en cuenta, la distribución primarias, las competencias, servicios y funciones de la Provincia y el conjunto de los municipios, y para la distribución secundaria criterios objetivos de reparto que contemplen los principios de proporcionalidad y redistribución solidaria, mediante aplicación de indicadores devolutivos, redistributivos y de eficiencia fiscal que tiendan a lograr un grado equivalente de desarrollo y de calidad de la vida de los habitantes". Artículo 248º: "Esta Constitución declara que los recursos de los municipios y comunas son indispensables para el normal funcionamiento de los servicios públicos…" En su Artículo 242 se expresa claramente que: "Para el cumplimiento de sus competencias, el municipio está habilitado a: Inciso c) Ejercer, en los establecimientos de utilidad nacional y provincial, los poderes municipales compatibles con la finalidad y competencias de aquellos". Por lo tanto estamos ante la vigencia de una ley que lesiona los legítimos derechos de los municipios, manifestaron los concejales opositores".