Sábado 7 de Diciembre de 2013, 17:18

Saldivia comparte la preocupación de los vecinos por la falta d

| El titular de la Junta de Gobierno de San Marcial se comprometió a "exigir públicamente la reconsideración de las decisiones tomadas desde lejanos escritorios, carentes de sentido común y lamentablemente sin criterio de protección de la vida de nuestra querida comunidad". Felipe Saldivia confirmó que la DPV se excusó de hacer las inversiones que se necesitan por no contar con los fondos.

El Presidente de la Junta de Gobierno de San Marcial hizo saber -mediante un parte de prensa- que hizo diferentes gestiones advirtiendo sobre la peligrosidad que representa para los vecinos el tránsito en el acceso Oeste, desde Ruta 20, y el acceso Este, desde Ruta 27. Felipe Saldivia asegura que "la excesiva velocidad desarrollada por los vehículos que ingresan a la localidad pone en serio riesgo la integridad física y material de nuestros vecinos", motivo por el cual la Junta que preside hizo llegar la inquietud -en reiteradas oportunidades- a las autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad, a quienes peticionó la colocación de "reductores de velocidad y señalización". Saldivia hizo notar que "avala y acompaña" el reclamo de los vecinos, traducido en un petitorio acompañado de firmas, entre las cuales está la suya y que aprovechó para remitir las actuaciones a la DPV. Asimismo recordó que tiene siempre presente la problemática y que -en numerosas veces- a ante distintos funcionarios provinciales lo hizo saber, y precisó que el 11 de setiembre pasado el Jefe Zonal IX de la DPV "presupuesta en $38 mil el costo para la adquisición y colocación de reductores de velocidad, haciéndolo en el marco del expediente (Nº 90.598/13) caratulado "Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación-Junta de Gobierno de San Marcial- s/lomas de burros sobre accesos y seis cuadras de Ruta 27" y "sorpresivamente" las actuaciones fueron devueltas "por cuanto no se cuentan con los fondos necesarios". Por último el titular de la Junta ratificó su compromiso de "redoblar los esfuerzos" y "exigir públicamente la reconsideración de las decisiones tomadas desde lejanos escritorios, carentes de sentido común y lamentablemente sin criterio de protección de la vida de nuestra querida comunidad".