CAUSA AMIA | El vocero del ministerio de Exteriores iraní opinó que se trata de un “complot estadounidense-sionista” para debilitar a su país en la cuestión nuclear; calificó de "corrupto" al sistema judicial argentino.
Irán cuestionó duramente la orden de arresto internacional emitida por la justicia argentina contra varios ex funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente Akbar Hahsemi Bahramaie Rafsanjani, acusados de estar implicados en el atentado contra la AMIA en 1994.
El portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Mohammad Ali Hosseini, advirtió que las acusaciones "no tienen fundamento desde el punto de vista legal" y disparó: "El sistema de la justicia argentina es corrupto y la corrupción del juez (Juan José) Galeano ha sido evidente para todos".
"Hasta ahora, no se ha suministrado ninguna prueba que muestre que la República Islámica estuvo implicada en este episodio", agregó Hosseini, en declaraciones difundidas por la televisión estatal.
En su fuerte embestida contra el fallo, el funcionario iraní manifestó: "Está claro, es un complot estadounidense-sionista para debilitar a Irán en la cuestión nuclear, así como un intento de parte del régimen sionista de disimular su fracaso en su guerra en Líbano".
Al considerar que el ataque a la AMIA, que provocó la muerte de 85 personas, constituye un delito de lesa humanidad, el juez Rodolfo Canicoba Corral pidió el jueves la captura internacional del ex presidente de Irán Rafsanjani y de otros ocho funcionarios del gobierno iraní. La lista incluye al embajador de Irán en la Argentina en el momento del ataque, Hadi Soleimanpour, quien ya fue detenido por esta causa hace dos años y liberado por falta de pruebas.
El juez Canicoba Corral puso el ataque a la altura de un genocidio, al entender que la Trafic cargada de explosivos que demolió el edificio de Pasteur 633 y mató a 85 personas el 18 de julio de 1994 tuvo como objetivo atentar contra la población civil, en el contexto de una persecución a la colectividad judía. Con el agravante de que esa masacre, según el juez, fue ideada y ejecutada por un Estado, lo que hace que trascienda el interés de la sociedad afectada por el delito para importar a la comunidad internacional.
Al encuadrar este asunto en una violación del derecho internacional, la resolución busca comprometer en la persecución al resto del mundo y evitar sobresaltos como el ocurrido con el fallido arresto de Soleimanpour.
Fuente: Ansa.
