Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos en Bolivia

En un acto público en el campo de gas y petróleo San Alberto, en el sur del país, Morales firmó el decreto 28.701 que reclama a las petroleras adecuar sus operaciones en Bolivia al nuevo proceso, y advirtió que si lo rechazan deberán abandonar el país en 180 días. Señaló también que el estado se asumirá la propiedad de las acciones del pueblo boliviano en varias empresas petroleras resultantes del proceso de privatización de la década pasada, y que nacionalizará las acciones en manos de las transnacionales para obtener la mayoría accionaria en esos consorcios. Las principales empresas petroleras que operan en Bolivia son la brasileña Petrobrás, la española Repsol YPF, las británicas British Gas y British Petroleum y la francesa Total. "Llegó la hora, el día esperado, un día histórico para que Bolivia retome el control absoluto de nuestros recursos naturales", dijo Morales desde San Alberto, campo que administra Petrobrás, y que tiene también por socia a la firma Repsol. En el lugar, después de la lectura del decreto, un militar subió a una zona alta de las modernas instalaciones y ahí desplegó una bandera boliviana. En otro sector de ellas, también desde lo alto, se extendió una pancarta que dice "nacionalizado". Morales señaló que las empresas que en 2005 hayan producido volúmenes iguales a los 100 millones de pies cúbicos diarios, sólo se beneficiarán con el 18% de la producción, el resto irá a las arcas del estado. Indicó que las que hubieran producido menos, se mantendrán bajo el actual esquema, que consiste en el reconocimiento de regalías para el estado de 18% y el pago de un Impuesto Directo a los Hidrocarburos de 32%. Pero todas las empresas, insistió Morales, están obligadas a entregar su producción a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que había sido privatizada en la totalidad de sus operaciones en 1996-97, para que sólo se ocupe de tareas administrativas. Morales aseguró el normal abastecimiento de combustibles y señaló que el gobierno iniciará de inmediato negociaciones con las petroleras para que acepten la nueva política, bajo el criterio de que si no lo hacen deberán abandonar el país en medio año.