Domingo 7 de Mayo de 2006, 12:11

URUGUAY TAMBIÉN RECURRIRÁ A LA CORTE DE LA HAYA

| Uruguay decidió la vía judicial para resolver el conflicto con la Argentina por la instalación de las plantas de celulosa. El gobierno de Tabaré Vázquez presentó hoy una contrademanda en la corte internacional de La Haya y también acudió al Mercosur, pero en este caso para protestar por los cortes fronterizos en Entre Ríos.

La decisión de Uruguay surge luego de que el Gobierno observara que aún hay tiempo para una solución diplomática, según dijo hoy el ministro del Interior Aníbal Fernández. Ya inició un procedimiento arbitral en el Mercosur por los cortes fronterizos. Así, el gobierno oriental inició ayer un procedimiento arbitral contra la Argentina en el Mercosur por la omisión de este país de adoptar medidas apropiadas a los impedimentos de libre circulación, derivados de los cortes de rutas en los puentes entre ambos países. En un comunicado de prensa, la cancillería oriental sostuvo que "Uruguay propuso en dos oportunidades la celebración de negociaciones directas previstas en el Protocolo de Olivos, para la solución de Controversias en el Mercosur", que también integran Brasil y Paraguay. Asimismo, señaló que se propusieron también "dos fechas concretas para la realización de las mismas". Añadió el documento que, "a pesar de los múltiples esfuerzos y gestiones realizadas por Uruguay, dichas negociaciones directas no pudieron llevarse a cabo en virtud de que no se obtuvo respuesta de la República Argentina para su concreción". Las autoridades de Montevideo puntualizaron Uruguay ha dado fiel cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Capítulo IV del Protocolo de Olivos y que vencido el plazo establecido para las negociaciones directas previstas,la controversia no pudo solucionarse "de acuerdo con los procedimientos antes mencionados". Por ese motivo, Uruguay comunicó a la Secretaría del Mercosur su decisión de recurrir al procedimiento arbitral previsto en el Protocolo de Olivos. Los cortes de rutas realizados por ambientalistas argentinos que protestan por la construcción de dos plantas de celulosa en Uruguay, generaron desde diciembre pasado daños por 400 millones de dólares en el comercio bilateral, según las autoridades de Montevideo. Argentina, que en el primer semestre de este año preside el Mercosur, no dio trámite a las peticiones uruguayas de analizar el problema por el bloque regional. El gobierno de Néstor Kirchner entendió que se trataba de un conflicto bilateral, por lo que no tenían que intervenir organismos internacionales. Por otro lado, el gobierno de Tabaré Vázquez anticipó que presentará una contrademanda en La Haya por el diferendo. El embajador en Francia, Héctor Gros Espiell, anticipó que Uruguay realizará una contrademanda a la denuncia Argentina en la Corte Internacional de Justicia de la Haya donde se ventilará el diferendo por la instalación de dos plantas de celulosa en este país. El diplomático y ex canciller que ha sido designado "agente", nombre conque se designa en la Corte a los representantes de países litigantes, señaló que este caso puede demorar entre dos a cinco años hasta que haya un pronunciamiento. En declaraciones a la prensa, Gros Espiell consideró que la denuncia presentada por Argentina ante el organismo de las Naciones Unidas que "no se dan los supuestos para que haya una decisión de suspender las obras porque no hay ningún peligro actual grave ni irreversible". Aludía a que la denuncia formulada por Argentina reclama que se suspendan las obras de las plantas, Botnia de Finlandia y Ence de España que en conjunto invertirán 1.800 millones de dólares para producir dentro de un tiempo 1,5 millones de toneladas de celulosa. Gros Espiell dijo que "Uruguay va a contrademandar" a la Argentina lo cual abre un proceso de réplica, duplica y audiencias orales. "Es un procedimiento largo y complejo", dijo. Argentina sostiene que las plantas serán eventualmente contaminantes, pero Uruguay rechaza el alegato y se basa en la tecnología que será aplicada de última generación que se utiliza en la Unión Europea que tiene efectos que minimizan los impactos.