| Los hechos violentos se sucedieron luego de darse a conocer el polemico fallo contra los implicados en el incendio del supermercado Ycuá Bolaños, ocurrido en agosto de 2004 y que dejó a 364 muertos y cientos de heridos.
Los disturbios se iniciaron poco después de que un tribunal declarara responsables de homicidio culposo a los tres principales imputados por la tragedia, calificación que implica una pena mucho menor a la solicitada por la fiscalía.
Sobrevivientes y familiares del siniestro destruyeron las instalaciones del local donde se desarrolló el juicio, incendiaron automóviles y un puesto policial y se enfrentaron durante horas con la policía antimotines, que intentaba controlar la protesta en las calles de un barrio comercial asunceño.
Los canales de televisión mostraron la furia de los manifestantes, que al grito de "ni olvido, ni perdón" arrojaban piedras a los agentes, encendían neumáticos y pedían la renuncia de los magistrados que dictaron el veredicto.
Según reportes oficiales, al menos 31 personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 4 años y 10 policías, aunque medios de comunicación dijeron que la cifra superaba los 40. Unas treinta personas fueron detenidas, dijeron las autoridades.
El líder de una asociación de víctimas recibió varios disparos de balines de goma en el abdómen y debió ser intervenido de urgencia en un sanatario de la capital.
"No tenemos alternativa sino actuar cuando la situación se desborda", dijo a periodistas el ministro del Interior, Rogelio Benítez.
El presidente paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, quien declaró como testigo en el juicio, no descartó una intervención militar en la zona del conflicto y dijo que analiza la posibilidad de decretar una medida de excepción, que suspende el ejercicio de algunos derechos constitucionales.
"Estamos evaluando la situación. Ojalá que no lleguemos a esa necesidad" de decretar la medida, reservada para situaciones que afectan gravemente la seguridad de la nación, dijo el gobernante.
En el fallo, que quedó interrumpido por las protestas, los jueces declararon responsables de homicidio culposo a Juan Pío Paiva, principal accionista de la firma, a su hijo, Víctor Daniel Paiva, y al guardia de seguridad, Daniel Areco.
Este delito implica una expectativa de pena de hasta siete años de prisión, mucho menor a la pena máxima de 25 años que había solicitado la fiscalía.
"Los jueces son unos vendidos y ahora tienen que atenerse a las consecuencias. Esto es inhumano", dijo Liz Torres, integrante de una asociación de víctimas.
Juan y Daniel Paiva fueron acusados de ordenar el cierre de las puertas cuando las llamas tomaron el local, mientras Areco fue imputado por ejecutar el pedido.
El incendio, la peor tragedia que ha vivido el país en tiempos de paz, se originó por la acumulación de grasa y hollín en la chimenea de un restaurante dentro del local.
El bloqueo de los accesos para evitar robos impidió el desalojo de cientos de personas que hacían compras o almorzaban en el interior, dijo la fiscalía.
"Es doloroso lo que ha pasado, si bien no podemos decir que es sorpresivo. Dos meses atrás, presentamos una denuncia sobre rumores de soborno, pero no creímos que se materializaría", dijo a periodistas el fiscal de la causa, Edgar Sánchez.
El lugar tampoco contaba con salidas de emergencia adecuadas, alarmas contra incendio y otras medidas de seguridad contempladas en las ordenanzas municipales.
Además de los fallecidos, alrededor de 400 personas sufrieron lesiones graves como mutilaciones y quemaduras de tercer grado.
Los acusados se declararon inocentes, sostuvieron que las puertas se encontraban abiertas y que las víctimas no pudieron abandonar el local por la rápida propagación del fuego.
Fuente: Reuters y EFE.
