Judiciales | El titular de la UFI AMIA, Sebastián Basso, solicitó a la Justicia el procesamiento de diez iraníes y libaneses vinculados al atentado de 1994 y pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, señalado como uno de los responsables de planificar el ataque.
A casi 32 años del atentado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, el Fiscal Federal Sebastián Basso, titular de la Unidad Fiscal que investiga el caso, solicitó el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber participado en la planificación y ejecución del ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994.
Además, pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, un alto funcionario del régimen iraní señalado como uno de los responsables de coordinar el atentado.
El dictamen del Ministerio Público fue presentado este miércoles y quedó en manos del Juzgado Federal Nº 6, actualmente subrogado por el Juez Daniel Rafecas.
Según la investigación Fiscal, Hejazi habría tenido un papel central en la implementación del plan para atacar la mutual judía, luego de que la iniciativa fuera aprobada por las máximas autoridades del régimen iraní.
La acusación se apoyó, entre otras pruebas, en testimonios brindados por cuatro disidentes iraníes que declararon ante la Justicia en Francia.
A partir de esos testimonios y de la documentación reunida durante la investigación, el Fiscal solicitó que Hejazi sea indagado, declarado en rebeldía y que se emita una orden de captura internacional en su contra.
En paralelo, Basso pidió el procesamiento de diez sospechosos que ya estaban imputados en la causa y que continúan prófugos con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006.
Entre ellos se encuentran exfuncionarios iraníes y miembros de la organización libanesa Hezbollah, acusados de haber participado en la planificación política, el apoyo logístico y la ejecución del ataque.
La lista incluye a figuras que integraban el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán en la década del noventa, organismo que —según la investigación judicial— habría aprobado el atentado en una reunión secreta realizada en 1993.
También aparecen diplomáticos que se desempeñaban en la embajada iraní en Buenos Aires y que habrían formado parte de una red de espionaje que recopiló información sobre el objetivo del ataque.
El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) dejó 85 muertos y más de 300 heridos, convirtiéndose en el mayor ataque terrorista ocurrido en el país. A lo largo de más de tres décadas, la causa judicial atravesó múltiples etapas y aún continúa en búsqueda de responsables y de avances que permitan esclarecer definitivamente el hecho.
Con este nuevo pedido del Fiscal, la investigación vuelve a apuntar a la presunta participación de altos funcionarios del Estado iraní y a la estructura de Hezbollah en la planificación y ejecución del ataque, uno de los episodios más graves de la historia reciente argentina.
