Judiciales | La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto este miércoles el procesamiento del ex Presidente Alberto Fernández en la investigación por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. El expediente volverá al Tribunal de origen para una nueva resolución.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este miércoles anular el procesamiento del ex Presidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros y dispuso que se dicte un nuevo fallo.
La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo Tribunal Penal Federal, en el expediente en el que Fernández había sido acusado por presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, de acuerdo a lo consignado en la resolución judicial.
La mayoría que dejó sin efecto el procesamiento estuvo integrada por los Jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. El ex mandatario había recurrido a Casación para solicitar la nulidad de las acusaciones en su contra, que podían derivar en su primer juicio oral por presuntos hechos de corrupción.
La acusación en la causa Seguros
La investigación se inició a partir de una denuncia periodística y derivó en el procesamiento de Fernández por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.
En el expediente se analizan, entre otros puntos, un decreto firmado por el entonces presidente, decenas de contratos, la participación de intermediarios del sector asegurador, el pago de millonarias comisiones, la intervención de una cooperativa que habría operado como financiera y un posible direccionamiento de contrataciones.
Todo ese esquema fue encuadrado por la Justicia como una presunta estructura destinada al desvío de fondos públicos. Según la acusación, las comisiones abonadas a intermediarios en contratos celebrados entre organismos estatales bajo sospecha de irregularidades alcanzaron los 3.364 millones de pesos.
El antecedente del procesamiento
En una instancia previa, el 23 de febrero, la misma Sala IV de Casación —integrada entonces por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky— había confirmado los procesamientos de diez personas vinculadas a la maniobra investigada en torno a Nación Seguros y la intermediación de brokers.
Los delitos bajo análisis incluyen administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. En ese marco, Fernández aparecía señalado como el principal implicado en el entramado de comisiones y presuntos favoritismos hacia el broker Héctor Martínez Sosa, quien habría concentrado el 59,6 por ciento de las comisiones observadas.
La nulidad dispuesta por Casación
La revisión del caso se habilitó luego de que la defensa del ex Presidente cuestionara el trámite judicial y reclamara que fueron escuchados testigos propuestos, en línea con lo que había señalado previamente el Fiscal de Cámara, José Luis Aguero Iturbe.
Los abogados de Fernández sostuvieron que la confirmación del procesamiento había sido arbitraria, con una interpretación errónea de la ley y con afectación de garantías constitucionales, entre ellas el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio.
Ese planteo fue acompañado por dos de los integrantes de la Sala IV, quienes advirtieron que no existía controversia entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, ya que ambos habían solicitado revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.
En ese sentido, Borinsky sostuvo que la decisión del tribunal de apelaciones “implicó resolver en exceso de la pretensión acusatoria y afectó el principio acusatorio, el contradictorio y el debido proceso”.
Cuando el expediente llegó a Casación, el Fiscal General Raúl Pleé rechazó los argumentos de la defensa y consideró que no había fundamentos suficientes para revisar la confirmación del procesamiento.
Sin embargo, los camaristas entendieron que ese dictamen no daba respuesta concreta a los cuestionamientos planteados y que se apoyaba en fundamentos generales.
Carbajo coincidió en que la resolución de la Cámara de Apelaciones había avanzado más allá de lo requerido por la acusación y acompañó el voto de Borinsky.
De esta manera, Casación concluyó que correspondía anular el procesamiento por corrupción dictado contra Alberto Fernández y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que emita un nuevo pronunciamiento.
