Política | Las causas quedaron radicadas en la Justicia federal y apuntan a presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a dirigentes y legisladores oficialistas.
La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores sumó un nuevo capítulo judicial con la presentación de dos denuncias penales que ya comenzaron a ser investigadas en Comodoro Py.
Las actuaciones quedaron radicadas en los juzgados federales de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, donde se analizarán posibles irregularidades en el otorgamiento de los préstamos, luego de que se conociera una lista de beneficiarios vinculados al oficialismo.
Según se desprende de las presentaciones, una de las denuncias fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y apunta contra exautoridades del Banco Nación y del sistema financiero, mientras que la otra fue promovida por los Diputados Mónica Frade y Esteban Paulón, ampliando el foco hacia varios de los funcionarios que accedieron a los créditos.
Entre los delitos que se investigan figuran administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La causa pone bajo la lupa préstamos millonarios otorgados a integrantes del equipo económico, legisladores y funcionarios de distintas áreas, entre ellos Federico Furiase, Pedro Inchauspe y Felipe Núñez, además de diputados de La Libertad Avanza.
Desde el oficialismo sostienen que los créditos fueron concedidos bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier cliente que cumpla con los requisitos del banco, mientras que desde la oposición reclaman que se investigue si existió trato preferencial, conflicto de intereses o condiciones especiales en la aprobación de los préstamos.
El avance de las denuncias abre ahora una etapa judicial clave para determinar si hubo irregularidades en el uso de recursos de la banca pública en beneficio de funcionarios en ejercicio.
