Miércoles 29 de Julio, 09:18

Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena a la ONU

Judiciales | La expresidente anunció que presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la causa Vialidad. Sostuvo que fue víctima de una persecución judicial con fines políticos y aseguró que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye el verdadero objetivo de la condena.


Cristina Fernández de Kirchner confirmó este miércoles que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de impugnar la condena dictada en la causa Vialidad y denunciar presuntas violaciones a sus derechos fundamentales durante el proceso judicial.

A través de una carta abierta titulada "El costo democrático de la politización de la justicia", la exmandataria sostuvo que la sentencia en su contra tuvo como finalidad impedir su participación política y afirmó que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos representa el verdadero núcleo de la condena.

"La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria", expresó.

Cristina Kirchner aseguró que el caso trasciende su situación personal y consideró que afecta el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.

En ese sentido, afirmó que recurrirá al sistema internacional de protección de los derechos humanos para que se evalúe si durante el proceso judicial se respetaron las garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La exvicepresidente de Alberto Fernández también cuestionó el accionar de la Justicia argentina, denunció la existencia de una persecución política y judicial en su contra y habló de un "machismo estructural" dentro del Poder Judicial.

Además, vinculó esa situación con el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022.

Para esta nueva etapa de su estrategia judicial internacional, Cristina Kirchner informó que contará con el patrocinio del jurista español Javier Borrego y del abogado brasileño Rafael Valim, especialistas en derecho internacional y derechos humanos.