Política | El proyecto de nuevo régimen penal juvenil, que baja la edad de la imputabilidad a los 14 años, cosechó 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. Se destinarán 23 mil millones de pesos y se fija la posibilidad de convenios entre Nación y Provincias.
Luego de más de diez años de debate sin resultados concretos —un tema que suele resurgir ante hechos delictivos de fuerte impacto social— el Congreso avanzó finalmente con la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores que cometan delitos.
Tras una sesión que se extendió por más de ocho horas, la Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil con 149 votos afirmativos, 100 negativos y sin abstenciones.
La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la mayoría del interbloque Unidos y otras bancadas provinciales.
La cuestión había sido incorporada a fines de enero en el temario de sesiones extraordinarias por decisión del Gobierno, luego del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe.
La madre del joven asesinado por un grupo de menores asistió este jueves al debate en el Congreso.
Cabe recordar que en julio de 2024 el Poder Ejecutivo había remitido un proyecto que proponía fijar la edad de imputabilidad en 13 años. Esa propuesta obtuvo dictamen el 6 de mayo de 2025, pero perdió estado parlamentario tras la renovación de la Cámara.
En esta oportunidad, el oficialismo volvió a reunir el acompañamiento de bloques aliados y dialoguistas para avanzar con el dictamen, aunque los acuerdos alcanzados establecieron la edad mínima en 14 años.
Además, se definió que la pena máxima para adolescentes será de 15 años y no de 20, como planteaba originalmente el Poder Ejecutivo Nacional.
El dictamen incorpora también precisiones sobre la asignación de recursos para implementar la norma. Si bien el Ejecutivo envió el lunes pasado un nuevo proyecto —que luego retiró— la iniciativa contempla las partidas estimadas por el Gobierno: un total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 corresponderán al Ministerio de Justicia y $20.607.158.519 a la Defensoría General de la Nación.
A instancias de la oposición dialoguista y con el objetivo de que el Estado nacional asuma los costos que deban afrontar las provincias para adecuar sus sistemas, el texto establece que “la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación” para garantizar el cumplimiento del régimen.
Dichos acuerdos podrán incluir el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en otras jurisdicciones. En pocas horas, y luego de la media sanción de la Reforma Laboral, el Gobierno de Javier Milei sumó así otro avance legislativo relevante.
El proyecto será girado al Senado, donde el oficialismo buscará su aprobación antes del 1° de marzo. El nuevo régimen apunta a sustituir la normativa vigente, la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad, en vigor desde 1980 durante la última dictadura militar. Uno de los artículos finales del proyecto establece su derogación.
