Política | La norma impulsada por Javier Milei contempla un total de 78 artículos que entre, varios puntos, busca modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos; eiminación de las PASO y Ficha Limpia. La propuesta también cambia el modo de elección de los representantes del Parlasur.
El Gobierno formalizó este miércoles el envío al Senado del proyecto de reforma electoral. La iniciativa, anticipada por el Presidente Javier Milei en su visita a Israel, propone eliminar las PASO, modificar el financiamiento de los partidos y sumar el criterio de Ficha Limpia.
El texto está dividido en siete títulos. El primero modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.398) e impide ser candidatos a quienes tengan condena en segunda instancia previa al 31 de diciembre del año anterior a la elección.
También excluye a personas condenadas por delitos dolosos. Además, crea el artículo 33 bis y establece que la Cámara Nacional Electoral deberá llevar un Registro Público de Ficha Limpia con las sentencias confirmadas en segunda instancia.
A la vez, introduce cambios en la caducidad de la personería jurídica: se aplicará si un partido no realiza internas en cuatro años o no se presenta en dos elecciones nacionales consecutivas.
Sobre la personería, se exige un padrón de afiliados superior al 0,5% del padrón electoral. Para el reconocimiento nacional, el piso será del 0,10 del Registro Nacional de Electores, y para conservarla deberán tener representación en al menos diez distritos (hoy son cinco).
También se propone quitar la personería a partidos nacionales que no alcancen el 3% en dos elecciones consecutivas. Actualmente, el mínimo es del 2%.
En el segundo título, el Gobierno insiste con la eliminación de las PASO. No será sencillo: incluso aliados se oponen.
Una alternativa que se analiza es una nueva suspensión, como ocurrió en 2025.
Respecto a la Boleta Única de Papel, implementada en 2025, se propone sumar un casillero en blanco junto al nombre de cada fuerza para permitir votar lista completa con una sola marca.
Otro punto clave es la reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215).
Se habilita a los partidos a renunciar al aporte público anual, decisión que deberá informarse al Ministerio del Interior y tendrá vigencia por un año.
También se reduce del 20% al 10% el mínimo obligatorio destinado a capacitación, formación de dirigentes e investigación.
En cuanto al financiamiento privado, se prohíben aportes de personas o empresas condenadas o procesadas por delitos como lavado de dinero, narcotráfico, contrabando, asociación ilícita o delitos contra el Estado.
Sobre los límites, los partidos no podrán recibir más del 35% del monto que surge del valor del módulo electoral por la cantidad de electores.
Hoy ese tope es del 2%, por lo que implica un aumento significativo.
El proyecto también modifica la elección de parlamentarios del Mercosur: pasarían a ser designados por la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad de los bloques.
No cobrarán dieta extra, pero sí viáticos. Otro cambio relevante: se deroga el artículo 74 de la Ley de Servicios Audiovisuales.
Los medios ya no estarán obligados a ceder espacios para publicidad electoral durante las campañas.
Por último, se fija como fecha límite el 30 de junio de 2027 para que los partidos se adecuen a los nuevos requisitos de personería jurídica.
