Política | La administración nacional, rectores y gremios universitarios firmaron un acta que contempla mejoras salariales, refuerzo de partidas para hospitales y actualización de gastos de funcionamiento. El reclamo judicial por el financiamiento universitario continuará vigente.
Luego de casi tres años de tensión y reclamos por el financiamiento del sistema universitario público, el Gobierno nacional y las autoridades de las universidades lograron un acuerdo económico destinado a destrabar uno de los conflictos más importantes que enfrentó el sector educativo durante la gestión de Javier Milei.
El entendimiento fue rubricado en una reunión realizada en el Palacio Sarmiento, encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y organizaciones gremiales docentes y no docentes.
Entre los principales puntos acordados figura una recomposición salarial del 24,33 por ciento para los trabajadores universitarios, que se aplicará en dos etapas: un incremento del 21,33 por ciento en junio y otro 3 por ciento en octubre. Además, el Gobierno se comprometió a convocar paritarias cada tres meses durante el resto del año.
El acuerdo también contempla una actualización del 20 por ciento en las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, un refuerzo de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y un incremento del 50 por ciento en las Becas Manuel Belgrano, orientadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas.
Desde el Gobierno destacaron que el objetivo es dejar atrás el conflicto y recuperar la normalidad académica, mientras que desde el CIN consideraron que el entendimiento representa un avance importante, aunque aclararon que no resuelve de manera definitiva los problemas estructurales del sistema universitario.
Por su parte, los gremios valoraron la reapertura de las negociaciones salariales, aunque advirtieron que continuarán reclamando una recuperación integral del poder adquisitivo perdido durante los últimos años.
A pesar del acuerdo alcanzado, las universidades mantendrán la demanda judicial vinculada a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que el conflicto no se considera completamente cerrado y aún restan definiciones en el ámbito judicial.
