Política | El Presidente derogó las leyes económicas que fueron aprobadas sin pasar por el Congreso durante los gobiernos de facto de Onganía, Levignston, Lanusse y Videla.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para “desregular la economía y modernizar el Estado argentino” que firmó el Presidente, Javier Milei deroga y modifica más de 300 leyes y cambia por completo la forma en la que se organiza la economía del país.
Pero lo que más se destaca es que el Decreto deroga una docena de leyes que habían quedado de las distintas dictaduras que tuvo la Argentina.
Estas leyes regulaban amplios segmentos de la economía y ningún otro Presidente se había animado a eliminar estos controles sobre el mercado.
De esta manera, la nueva norma pone fin a más de 50 años de economía militar, que a pesar de haber vuelto a la democracia, los gobiernos civiles prefirieron conservar para tener una mayor influencia sobre las empresas, y las transacciones entre los argentinos.
Por orden cronológico, el DNU de Milei derogó la Ley de Promoción Comercial, la Ley de Regulación del Ejercicio de la Medicina, y la Ley de Regulación Farmacéutica, todas impulsadas durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, entre los años 1960 y 1970.
El “decretazo” también deroga la Ley de Compre Nacional, la Ley de Regulación del Ganado, la Ley de Regulación Azucarera, la Ley de Regulación Vitivinícola, y la Ley de Regulación Hotelera, todas pasadas por decreto durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston, quien presidió el Ejecutivo entre los años 1970 y 1971.
Además, se deroga la Ley de Regulación de Mercados Mayoristas y la Ley de Producción de Algodón, otras dos legislaciones que se aprobaron desde la oficina del Presidente militar Alejandro Agustín Lanusse, que gobernó entre los años 1971 y 1973.
Por último, Milei derogó este jueves el Código Aduanero, la Ley de Promoción Industrial y la Ley de Monopolio del Banco Nación, que fueron aprobadas por el entonces dictador Jorge Rafael Videla, que gobernó entre 1976 y 1981.
Estas tres leyes fueron impulsadas por el entonces Ministro de Economía, José Martínez de Hoz, y le permitieron al entonces gobierno de facto cerrar las importaciones, en una lógica de sustitución de importaciones con el fin de subsidiar la industria nacional.
En el mismo sentido, la Ley de Promoción Industrial intentó promover la industria nacional, pero lo único que logró fue obligar a las grandes empresas a competir con las PyMEs, generando una catástrofe económica donde cerraron decenas de pequeñas y medianas compañías.
Martínez de Hoz también le había dado el monopolio sobre los depósitos judiciales y las tenencias del Estado al Banco Nación, en un intento por centralizar el sistema bancario.
Con la vigencia del decreto de desregulación, estos servicios podrán ser ofrecidos en libre competencia por cualquier entidad bancaria que le ofrezca al Estado un mejor menú de opciones.
