Judiciales | Organizaciones ambientalistas, sociales y de derechos humanos impulsaron un amparo colectivo ante la Justicia Federal para pedir la inconstitucionalidad de los cambios aprobados por el Congreso. Reclaman la suspensión inmediata de la norma por considerar que debilita la protección de una de las principales reservas de agua del país.
La polémica reforma de la Ley de Glaciares sumó este lunes un nuevo y fuerte capítulo judicial: organizaciones ambientalistas presentaron una demanda colectiva acompañada por más de 850 mil firmas con el objetivo de que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la modificación aprobada recientemente por el Congreso nacional.
La acción legal fue promovida ante el Juzgado Federal de La Pampa por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, junto a asambleas ciudadanas, referentes territoriales y entidades de derechos humanos que se sumaron al planteo.
En el escrito judicial solicitan, además, una medida cautelar urgente para suspender en todo el país la aplicación e implementación de la nueva norma hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la cuestión de fondo.
Los demandantes sostienen que la reforma implica un retroceso ambiental inconstitucional, ya que reduce el alcance de protección sobre glaciares y ambiente periglacial, habilitando mayores márgenes para actividades extractivas y mineras en zonas que hasta ahora estaban alcanzadas por un esquema de preservación más amplio.
La Ley 26.639, sancionada originalmente en 2010, había establecido a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos y fijado severas limitaciones para cualquier emprendimiento que pudiera alterar esos ecosistemas sensibles.
La reciente modificación, en cambio, acota esa protección sólo a áreas que acrediten una función hídrica específica y otorga mayor discrecionalidad a las provincias para definir qué sectores conservar y cuáles habilitar para desarrollo productivo.
Para los impulsores del amparo, ese cambio viola principios elementales del derecho ambiental argentino e internacional, especialmente el principio de no regresión, que impide disminuir niveles de tutela ya conquistados cuando están en juego bienes colectivos como el agua, el ambiente y la salud pública.
Además, cuestionan severamente el proceso legislativo previo a la sanción, al señalar que durante la audiencia pública convocada por Diputados hubo más de 100 mil personas inscriptas para participar y que apenas una mínima fracción pudo hacerlo, lo que —afirman— vació de contenido la instancia de consulta ciudadana prevista por el Acuerdo de Escazú.
Dentro del bloque actor también se encuentran la exdiputada nacional Marta Maffei, autora de la Ley original, además de organizaciones como Amnistía Internacional, el CELS y múltiples asambleas socioambientales de distintos puntos del país.
El reclamo judicial no sólo pide dejar sin efecto la reforma, sino también impedir que mientras dure el proceso se autoricen proyectos mineros o de explotación sobre áreas que se superpongan con glaciares identificados por el Inventario Nacional y por informes técnicos del IANIGLA.
Con esta presentación, la discusión deja de ser exclusivamente política y legislativa para trasladarse ahora al terreno judicial, donde comenzará a definirse si los cambios introducidos por el Congreso pueden sostenerse frente a la Constitución Nacional y el sistema de presupuestos mínimos ambientales.
La masiva adhesión ciudadana —que ya supera las 850 mil firmas y continúa creciendo— revela además que el debate excede lo técnico: se trata, para vastos sectores de la sociedad, de una pulseada entre el avance de intereses extractivos y la defensa de una de las reservas estratégicas de agua más importantes de la Argentina.
