Judiciales | El Juez federal Sebastián Casanello imputó a Diego Spagnuolo por cohecho, negociaciones incompatibles y fraude, y lo señaló como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita que habría cooptado la Agencia Nacional de Discapacidad.
El Dr. Casanello procesó este lunes a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, lo ubicó como uno de los presuntos líderes de una asociación ilícita que, según el fallo, utilizó al organismo para obtener beneficios económicos.
En la misma resolución, el magistrado también procesó como supuestos jefes de la estructura a Daniel Garbellini, exnúmero dos de la ANDIS; y a Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos vinculados al sector de las droguerías y con antecedentes en distintas gestiones políticas. De acuerdo con la investigación, estos últimos habrían logrado influir y controlar el funcionamiento de la Agencia desde afuera, en coordinación con autoridades formales.
En total, Casanello procesó a 19 personas, entre exfuncionarios, empleados del organismo y particulares que habrían tenido distintos roles dentro de la operatoria. El expediente detalla licitaciones direccionadas y sobreprecios, como parte de un esquema sostenido durante los primeros meses del actual gobierno.
El fallo es contundente al describir “un entramado de corrupción institucional” cuyo núcleo fue el funcionamiento irregular de la ANDIS. “Operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuaron de manera mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”, sostuvo el juez.
En uno de los pasajes más duros, Casanello afirmó que “la Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”. El magistrado también advirtió que la investigación podría escalar a otros niveles de responsabilidad, ya que los delitos analizados no necesariamente se agotan en los imputados actuales.
La causa se inició en agosto del año pasado tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en publicaciones periodísticas. El caso tomó mayor repercusión por la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionaban presuntas maniobras de corrupción y supuestos destinos del dinero hacia Karina Milei. Sin embargo, tanto el Fiscal Franco Picardi como el Juez resolvieron no incorporar esos audios como prueba, al considerar que podrían tener un origen ilícito.
Las defensas habían pedido la nulidad total del proceso por ese motivo, planteo que fue rechazado en paralelo con los procesamientos. La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sigue abierta y se espera que avance con nuevas medidas en las próximas semanas.
