Economía | La reglamentación de la denominada “Ley de Inocencia Fiscal” busca incentivos para formalizar ahorros y suavizar las penalidades tributarias, en un cambio de paradigma en la relación Estado-contribuyente.
El gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, una norma que había sido aprobada en el Congreso y que ahora comienza a aplicarse con efectos directos sobre el régimen tributario argentino. El objetivo de las autoridades es incentivar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero y reducir la presión penal sobre casos de menor cuantía, al tiempo que se moderniza la estructura de gravámenes.
La reglamentación publicada en el Boletín Oficial establece que quienes decidan bancarizar dinero no declarado —hasta el equivalente a $1.000 millones, unos US$689.000 según el tipo de cambio oficial— podrán hacerlo sin pagar el impuesto a las ganancias, como forma de fomentar el ingreso de esos recursos a la economía formal.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el llamado régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, que permite a personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonios menores a $10.000 millones adherirse digitalmente con un solo clic. En este esquema, el propio organismo recaudador confecciona la declaración en base a datos disponibles y, si se paga dentro de término, el contribuyente queda liberado de otras obligaciones formales, salvo errores graves.
El nuevo régimen también introduce cambios importantes en el régimen penal tributario: los umbrales que determinan cuándo una falta configura un delito se elevan marcadamente. La evasión simple pasa de considerarse tal desde $1,5 millones a partir de $100 millones, y la agravada sube de $15 millones a $1.000 millones, con una reducción del plazo de prescripción de los delitos de cinco a tres años.
De acuerdo con la reglamentación, otro aspecto clave es la posibilidad de extinguir acciones judiciales ya iniciadas si el contribuyente cancela la totalidad de la deuda más un adicional del 50% dentro de los 30 días de notificación. Esta medida busca dar un “cierre definitivo” a conflictos tributarios al tiempo que aliviana las cargas procesales en los tribunales.
Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa apunta a dejar atrás un sistema que —según sus argumentos— impulsó durante años a millones de argentinos hacia la informalidad, especialmente en contextos de alta inflación y restricciones cambiarias. La norma se presentó como un paso para modernizar el sistema impositivo y concentrar los controles en maniobras graves y dolosas, dejando fuera de la persecución penal a situaciones de menor impacto económico.
Mientras el gobierno resalta los beneficios de la reglamentación para agilizar trámites y promover el uso de los “dólares colchón”, sectores de la oposición y analistas críticos advierten sobre posibles riesgos de facilitar evasión o lavado de dinero, planteando un debate que sigue abierto en el escenario económico y político nacional.
