| No reciben el 82% del sueldo del docente porque no se estiman todos los adicionales que percibe un activo para el cálculo del haber de un pasivo, como el Fondo de Incentivo. Ya hay acciones de amparo en la Justicia por un blanqueo a medias que aplicó la gestión Montiel, y que no alcanzó a los jubilados.
El cargo testigo, el de maestro de grado, tiene en la docencia entrerriana un salario básico de 204,59 pesos, con lo cual ese docente, una vez que se jubile, cobra el 82 % de ese monto, esto es 167,28 pesos, tal cual lo establece la Ley 8.732, que ampara el régimen previsional en la provincia.
Pero si se considera el salario nominal de ese mismo cargo, que no sólo incluye el sueldo básico sino también un abanico de códigos remunerativos, bonificables, no remunerativos, no bonificables y más o menos remunerativos y bonificables, como el adicional por zona, un plus por perfeccionamiento, una bonificación por transporte, entre otros agregados, aquella proporción queda en el camino, y un pasivo termina cobrando apenas el 62 % del ingreso de un activo, según la queja del sindicato de los maestros.
Los códigos “en negro”, que aparecieron en la grilla salarial docente en la década de 1990 y que llegaron a constituir el 40 % del monto global que pagaba el Estado provincial a un maestro, tergiversaron la estructura del salario, produciendo un “achatamiento” que desdibujó el escalafón y la proporcionalidad que otorgan los años de servicios, y restó aportes tanto al sistema previsional.
Según la opinión de los dirigentes Hipólito Pérez y Marta Bader, de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), esa práctica está en abierta contradicción con el Estatuto del Docente, y constituye además una grave violación a la legislación vigente.
La cuenta que hacen es que al no respetarse la proporción de un salario en el sector pasivo que represente el 82 % respecto de lo que cobra un activo en igual cargo y situación, dejan de percibir una suma aproximada a los 300 pesos. Y que cae aquel 82 % a constituirse en sólo el 62 %.
En esa situación, dicen, está el 60 % de los pasivos docentes de la provincia, unos 9.200, que accedieron al beneficio jubilatorio en el cargo más bajo del escalafón, maestro de grado, y suman aproximadamente 5.500, con un haber de bolsillo del orden de los 550 pesos.
El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Daniel Elías, tiene otra visión, y sostiene que “esta gestión ha mejorado notablemente la relación del ingreso del activo con la del pasivo. Todos los aumentos que se han dado han sido en blanco”. Pero añade otro dato: “Comparar el 100 % de lo que percibe un trabajador en actividad con lo que cobra un jubilado en el mismo cargo no es una comparación del todo científica desde el punto de vista previsional. Ni nuestra Constitución ni nuestras leyes hablan de que un jubilado deba cobrar exactamente el 82 % de su par en actividad. La ley habla del 82 % del promedio de los últimos 10 años”.
Elías sostiene que la Constitución garantiza un ingreso que debe contemplar la razonabilidad y proporcionalidad de acuerdo a los aportes que haya hecho en su carrera. “Es decir, jamás habla del 82 %. Luego, hay que entender qué se entiende por razonabilidad y proporcionalibilidad, y esto no es fácil. Nuestra ley de jubilaciones tiene una fórmula: el 82 % del promedio de los últimos 10 años”, puntualiza.
De todos modos, acepta que hoy los gremios “están cuestionando la base salarial sobre la que se hace el cálculo del 82 %, y piden que se incorporen todos los adicionales, porque entienden que hay ítems que no son considerados. En ese punto, hay un planteo formal de la Federación de Jubilados y Pensionados que pide que se contemple el Fondo de Incentivo. Nosotros decimos que estamos imposibilitados de avanzar en ese análisis porque ese un adicional establecido por una ley nacional, y eso nos quita competencia”.
Fuente: APF
