A fin de mes se conocerá el dictamen de Diputados en el juicio

A Castrillón lo acusan por haber conducido un programa político durante las elecciones de marzo último en una radio de La Paz y de haberse burlado de la oposición. El período de treinta días hábiles que establece el Artículo 102° de la Constitución provincial comenzó a correr el 5 de julio y se extenderá hasta el 30 de este de mes. El plazo se prolongó debido al receso invernal que se decretó entre el 10 y el 20 de julio, días que son considerados inhábiles, explicó el secretario de la Cámara, Alberto De Torre. Durante ese lapso “la Comisión de Investigación consignará por escrito todas las declaraciones e informes relativos al proceso y luego pasará a la Cámara, con todos sus antecedentes, y se deberá expresar un dictamen en favor o en contra de la acusación”, consigna el texto constitucional. A comienzos de julio, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara Baja se reunió y avanzó en el análisis del pedido de juicio político contra el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón. Sobre el vocal pesan tres acusaciones: la primera fue realizada por el senador Julio Majul y las restantes por abogados de Paraná y de Gualeguaychú. El presidente del Cuerpo, el diputado José Allende (PJ), informó en su oportunidad que en la reunión de principios de julio “ingresaron todos los expedientes” y también señaló que “el pleno decidió que se le comunique al doctor Castrillón que podía tomar vista de todo lo actuado”. Iniciado el proceso, el vocal del STJ, junto a quien en ese momento era su abogado defensor Marcos Rodríguez Allende, decidió intimar por carta documento a quienes firmaron el pedido de juicio político en su contra y les solicitó que “en el término de 48 horas”, den cuenta de la “autenticidad” de los elementos de prueba que presentaron ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En las intimaciones, el vocal pide a los letrados firmantes que “más allá del ejercicio del derecho constitucional”, se sirvan “precisar (...) si los argumentos, declaraciones periodísticas, y desgrabaciones (sic) o grabaciones periodísticas, que pudieren haberse agregado u ofrecido como prueba son avaladas en forma directa” y, si los firmantes asumen “la responsabilidad sobre las mismas por vuestra parte en cuanto a su autenticidad, extensión y pertenencia con relación a mi persona”. Los firmantes del pedido de juicio político consideraron que las cartas documento enviadas por Castrillón se encuadran en una “intención amenazante por parte de quien sigue ejerciendo su cargo de juez máximo del Tribunal provincial”. Ante esta situación, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Entre Ríos manifestó su “profunda preocupación” por la actitud que asumió el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien envió esas cartas documentos a los letrados que adhirieron al pedido de juicio político en su contra. De acuerdo a la institución, los términos expuestos por el ex diputado “resultan, desde el punto de vista jurídico, confusos, extemporáneos e inconducentes”. Además, la entidad comenzó a analizar la posibilidad de aplicar sanciones a Marcos Rodríguez Allende. El presidente de la institución, Orlando Jorge, entendió que la conducta del abogado fue “extraña” y podría encuadrarse como “violación a las normas de ética”. Días después, Rodríguez Allende dejó la defensa de Castrillón aduciendo que era familiar directo del presidente de la Comisión de Juicio Político.