| El sindicato docente mayoritario en Entre Ríos previno que si en la última semana de enero no hay definiciones sobre el menú de temas irresueltos durante la administración del ex gobernador Jorge Busti, el comienzo del ciclo lectivo 2008 podría tropezar con nuevos conflictos. Tres son los aspectos sobre los que apuran definiciones, aunque dos están entre los urgentes: infraestructura, salarios y nueva ley de educación, y sobre eso esperan alcanzar acuerdos mínimos.
De todos modos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) adelantó que el presupuesto previsto para 2008 “no alcanza” para cubrir las mínimas exigencias. Según proyecciones hechas por la entidad, el monto previsto por la provincia “está lejos” de lo que se requiere no sólo para salarios sino también para infraestructura (incluyen aquí construcción de nuevos establecimientos), ampliación de servicios y creación de cargos docentes.
De acuerdo a lo que explicó Sergio Elizar, titular de Agmer, los 1.113 millones de pesos previstos para el año próximo para educación no bastan para satisfacer las demandas. La principal, salarios, es una discusión todavía no saldada: en 2007 los maestros cumplieron 16 días de paro, y sólo consiguieron una tregua a medias, que fijó el salario mínimo de bolsillo en 1.108 pesos, lejos de los 2.400 pesos que se había planteado el gremio.
Entre los dirigentes de Agmer circula el borrador de un estudio económico financiero hechos por técnicos contratados por el sindicato para establecer qué tan lejos está lo presupuestado por el Gobierno de lo que en la práctica se necesita para hacer funcionar el sistema educativo entrerriano. Ese documento está por estos días cerrado bajo siete llaves, aunque han trascendido algunos datos.
En principio, desde el gremio docente entienden que la cifra presupuestada por la Provincia para atender el sistema educativo provincial durante 2008 dista de lo que en la práctica se requeriría para atender un aumento de la planta docente por crecimiento vegetativo de la matrícula y creación de nuevos servicios y para atender la depreciación inflacionaria del salario. Lo que falta estaría próxima a los 600 millones de pesos.
Pero tampoco acuerdan con lo presupuestado para infraestructura, unos 46 millones de pesos para todo el año próximo, y en ese punto ponen el acento en la necesaria ampliación de servicios que demandaría el sistema una vez que la provincia resuelva aplicar la Ley de Educación que aprobó la Nación, y que entre otros cambios, impone la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, la ampliación de las salas de 4 y 5 años en el nivel inicial y el incremento de la oferta en escuelas de jornada completa.
En el primer contacto que tuvo Agmer con el gobernador Sergio Urribarri se convino mantener un nuevo encuentro a fines de enero, con los cual los plazos para hallar soluciones se acortan de manera ostensible.
Según el calendario escolar, la vuelta de los docentes a la escuela está prevista para la primera quincena de febrero, y el inicio de las clases, el 3 de marzo. De tal forma que los acuerdos deberán darse en un tiempo corto, los quince días que separan esa reunión de la vuelta a clase.
“El presupuesto provincial es de interés público y no es comparable con un presupuesto de una empresa privada que proyecta en función de las ganancias; el presupuesto de la provincia debe mostrar cómo el Estado va a invertir los recursos para garantizar un Estado de derecho y de justicia”, precisó César Baudino, secretario de Organización de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
Fuente: El Once Digital.
