Agmer denuncia el "naufragio" de las políticas educat

En el documento, el gremio destaca que “el gobierno toma el timón de una barca condenada al naufragio, vaciando de contenidos todas las garantías establecidas constitucionalmente como así también en lo legislado para educación, optando por desvincularse cada vez más y de manera sistemática de las responsabilidades que les corresponden en la implementación de una reforma educativa”. Para el gremio, la reforma educativa “deja al desnudo la miseria en que las instituciones educativas y el sistema educativo se ven inmersos, con techos que se caen, sin agua potable, sin baños, sin material didáctico, con docentes trabajando en la indigencia, con estudiantes con necesidades básicas insatisfechas al igual que sus familias, sin presupuesto, con políticas persecutorias, generando listas negras para oprimir y reprimir a todos aquellos trabajadores que en el uso legítimo de su derecho constitucional a huelga sufren descuentos discriminados”. En ese marco, sostiene “el inclaudicable grito de bronca levantando banderas de lucha, liberación y resistencia, ya que la educación sólo gana fuerza en la medida en que reconociéndose flaca se entrega a la labor de clasificación de las conciencias para que los individuos se asocien, se movilicen, se organicen para cambiar el mundo. La educación es una práctica política, no es neutral, y posee intencionalidad; es decir puede ser funcional o ejercer resistencia”. Más adelante advierte que “en este navegar sin brújula, pero con una perversa intencionalidad maquiavélica del gobierno, los trabajadores de la educación nos encontramos diariamente con la realidad del sistema educativo. La educación para nosotros no es un ente abstracto; no es un enunciado escrito en un documento gubernamental; no es una fuente mercantil de recursos económicos y humanos. La educación es lo que hacemos cotidianamente, en condiciones sumamente precarias, en este sentido no es necesario tomar los binoculares para observar en el horizonte que los problemas más acuciantes de nuestro cotidiano siguen en pie”. Por eso señala que “el gobierno pierde de vista que de esta manera la escuela ya no constituye una herramienta para reducir las desigualdades. Por el contrario, las reproduce, vaciándose de todo sentido democrático e integrador, perdiendo nuevamente de vista que la soberanía de los pueblos se define por el conocimiento que construye”. Agmer indica que “hay enorme distancias que convierten en letra muerta el precepto constitucional de la igualdad de oportunidades y posibilidades en el derecho social y político a la educación. Las políticas del gobierno estimulan el mecanismo perverso de la injusticia, a más pobreza, menos educación, a menos educación, más explotación y exclusión social”. También remarca que “la escuela como espejo de la sociedad es el lugar de expresión de una debacle institucional nunca vista, los índices de exclusión educativa, son consecuencia directa de la improvisación de las reformas, la deficiente infraestructura educativa, las situaciones propicias para la segmentación del sistema al dividir los circuitos en ricos y pobres, la tendencia a la privatización como posibilidad vacía de sentido en calidad educativa, la discriminación permanente, la precariedad laboral y desocupación que afecta por igual a padres y alumnos”. El documento enfatiza que “la pobreza educativa es reflejo de otras pobrezas e implica la situación de riesgo social. En nuestra práctica social como educadores, se hallan articuladas tres dimensiones: la político-ideológica, la pedagógica y la institucional. Nuestra labor tiene que ver con abordar cada problemática desde una perspectiva crítica que permita referenciar un horizonte emancipador”. Y recomienda “contra el modelo político imperante, dar la batalla en la escuela, en la calle y en el colectivo social, alcanzando las tres dimensiones constitutivas del ser docente, la política, la pedagógica y la social. La continuidad de las políticas de los 90 permanece y profundiza las desigualdades en el presupuesto 2010 con una tendencia no solidaria no social”. También subraya que “en este barco no nos toca timonear, sí es necesario indignarse, resistir, sublevarse contra el orden impuesto, contra la injusticia, contra la desidia; es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad ética, por el futuro de nuestro gurises, por una escuela pública siempre”. Y pide: “basta de improvisaciones, de simulacros de leyes sin contenidos liberador ni recursos”. En un apartado, el documento de Agmer recordó las palabras de la presidenta del Consejo General de Educación, Graciela Bar, quien aseguró que "...la provincia no está posibilitada de conceder estos aumentos que son necesarios otorgar". Para el sindicato, “parece que con reconocer la necesidad del aumento alcanza. Mientras tanto pretenden echar sobre las espaldas de los trabajadores las consecuencias de las políticas que estos mismos funcionarios implementaron. Los trabajadores de la educación no estamos posibilitados de trabajar si no tenemos un salario digno, y sabemos que la educación del pueblo es necesaria. Falsear datos cuando se realizan medidas de huelga para intentar quebrar y/o disciplinar la dignidad docente no corresponde a la ética política de un funcionario público. Entendemos que estas declaraciones se constituyen en una criminalización mediática que intenta provocar un descrédito social pero en el fondo evidencia la inoperancia que signa al gobierno para resolver el conflicto docente que lleva mucho tiempo sin solución, desviando el eje de la discusión de los problemas que verdaderamente aquejan a la Educación Provincial”.