PAPELERAS | La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú volvió a intimar al gobierno nacional para que, en un plazo de 20 días, disponga la prohibición de las exportaciones y del tránsito de mercaderías que se consideren elementos necesarios para el funcionamiento de la papelera Botnia de Fray Bentos, a fin de evitar la generación de la contaminación.
Este reclamo, que ya se había hecho al ex presidente Néstor Kirchner, fue ahora enviado por carta documento a Cristina Kirchner; a la ministra de Salud y Ambiente de la Nación, Graciela Ocaña, y a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti.
La carta, que se envió ayer, busca concretamente impedir que camiones y barcos lleguen a la planta de Botnia luego de atravesar rutas o ríos argentinos, mediante la aplicación de medidas dispuestas en el Código Aduanero.
En el texto, los asambleístas recordaron que el gobierno nacional, en un acto realizado en Gualeguaychú, declaró a esta controversia como “causa nacional”, e interpuso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una solicitud introductoria de instancia contra Uruguay, y un pedido de medidas provisionales.
“La planta está funcionando desde el día 11/11/07, pese a la demanda interpuesta por Argentina ante la CIJ de la Haya, tribunal que impartió específicas directivas respecto de que las partes se abstuvieran de agravar la controversia”, resalta la nota.
Los asambleístas indicaron que en estos momentos están en circulación por el territorio nacional y por las rutas compartidas del río Uruguay “gran cantidad de camiones y barcazas que transportan mercaderías y diversas sustancias, muchas de ellas tóxicas, que serán afectadas a la producción de Botnia”.
El paso de esos elementos por la frontera con destino a esa pastera implica “un serio riesgo para la salud de la población y para los recursos naturales”, señalaron.
En consecuencia, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución nacional y los tratados internacionales en materia de transporte, exigieron e intimaron a que, en un plazo de 20 días, las funcionarias instrumenten las medidas previstas por la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero), “bajo apercibimiento de considerarle incurso en el incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Concretamente, pidieron que “se impongan las prohibiciones absolutas de carácter no económico a las importaciones, exportaciones y tránsito cuando pudieran afectar la salud pública o la sanidad animal o vegetal, la preservación del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación, impidiendo el paso de las mercaderías citadas en tanto revisten la calidad de elemento necesario para el funcionamiento de la planta”.
En el mismo sentido, indicaron que debe considerarse comprendida la prohibición respecto de la exportación de madera, en rollizos o chips, que tenga como destino final plantas de producción de pasta de celulosa radicadas o a radicarse en el Uruguay.
