Sábado 17 de Junio de 2006, 16:09

Amplio rechazo a proyecto de ley de corresponsable sanitario

| Las entidades agropecuarias de Entre Ríos reiteraron su “más enfático rechazo” al nuevo proyecto de ley de corresponsable sanitario, presentado por el diputado Juan José Bahillo (PJ-Gualeugyachú) y que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia.

La iniciativa “modifica las actuales condiciones de trabajo en materia de sanidad animal, tratando de incorporar nuevos actores, que solo sumarán costos, anarquía e inestabilidad al sistema actual que ha dado sobradas nuestras de resultados eficientes”, cuestionaron. Además, puntualizaron que el sector agropecuario “está cansado de ver cómo se utiliza el espacio legislativo para beneficiar a un pequeño grupo de profesionales veterinarios, que encuentran repuesta a sus intereses particulares en una mayoría de los legisladores provinciales”. Según remarcaron en un comunicado de prensa desde la Federación Agraria Argentina Entre Ríos (FAA), la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) y la Federación de Asociaciones rurales de Entre Ríos (FARER), “esto agrega un problema más al actual contexto de inestabilidad de nuestra ganadería y representa un marcado retroceso al sistema sanitario provincial basado en un esquema solidario, ya que son modificaciones que a nuestro entender anteponen intereses sectoriales y grupales por sobre el interés común”. En ese sentido, recordaron que “a fines del año pasado sin consulta alguna a las partes interesadas, la Legislatura aprobó la Ley Nº 9681 del corresponsable sanitario, presentada por el senador veterinario Victorio Firpo, que entre otras cosas, ya establecía modificaciones al sistema sanitario y que con muy buen criterio el Poder Ejecutivo Provincial vetó en dos de sus artículos, recuperando de esta manera equilibrio entre las responsabilidades del Estado en el establecimiento de las políticas sanitarias y de los actuales entes en sus tareas de ejecución”. Ante esta situación, aseguraron que “esta nueva Ley vuelve a poner vigentes los artículos vetados, haciendo caso omiso a lo ya decidido desde el Ejecutivo y lo requerido por el sector agropecuario en pleno, que está cansado de ver cómo se utiliza el espacio legislativo para beneficiar a un pequeño grupo de profesionales veterinarios, que encuentran repuesta a sus intereses particulares en una mayoría de los legisladores provinciales”.