PAPELERAS | La apelación presentada hoy por el gobierno de Entre Ríos ante la justicia federal de Concepción del Uruguay solicita que se revea la "medida urgente" de impedir el paso por territorio argentino de transportes de carga con insumos para las empresas Botnia y Ence, como condición para levantar los cortes de ruta en Gualeguaychú y Colón.
Si el juez diera lugar a esta solicitud, se darían las condiciones que pide Uruguay para negociar con Argentina la detención de las obras de las plantas de celulosa por 90 días.
Según dice el escrito firmado ayer y que se presentó hoy, la resolución del juez Guillermo Quadrini "causa un gravamen irreparable" a la situación de crisis que vive la provincia, dado que "si bien la Dirección General de Aduanas tiene el poder de policía suficiente para restringir el tránsito hasta el momento esta medida no ha sido tomada por el Poder Ejecutivo".
Por ese motivo, el gobierno de Entre Ríos pide a la justicia federal "ejercer su facultad/deber jurisdiccional a los fines de librar de manera inmediata mandato judicial a la Dirección General de Aduanas para que cumpla el cometido mencionado".
En el texto se aclara que "la medida solicitada no implica invasiones de poderes", tal como había argumentado el juez Quadrini, sino que simplemente solicita a la justicia que "utilice su facultad jurisdiccional a los fines de evitar que la situación delictual se agrave".
También se señala: "Nos agravia que en el decisorio en crisis este Tribunal simplemente se limite a denegar lo peticionado por esta parte querellante con fundamento en una disposición legal que dice no puede ser aplicada" y "omite el ejercicio de la facultad de disponer algún tipo de medida que tienda a hacer cesar los efectos de un delito en curso".
"Es esta inercia judicial la que nos agravia", dice el escrito en el que se apela el fallo del juez Quadrini.
La causa judicial se inició en enero, cuando la gobernación de Entre Ríos se presentó como querellante contra los directivos de las pasteras Ence (española) y Botnia (finlandesa), denunciados por delito ambiental en grado de tentativa.
La solicitud se fundamentó en que "los actos de ejecución que vienen desarrollando los denunciados a los fines de instalar las plantas de procesamiento de celulosa en Fray Bentos se verían sensiblemente agravados por la efectiva consumación de este delito, cuyos efectos van a repercutir en el Estado Nacional Argentino, peligrando la salud de 300.000 habitantes".
También se basó en "el artículo 55 de la Ley de residuos peligrosos", en el marco de la necesidad de que se provean "medidas" que garanticen que el peligro de contaminación no se concretara.
La apelación al fallo del juez Quadrini, quien dijo que el Poder Ejecutivo es el único facultado para tomar la medida solicitada por el gobernador Busti, se fundamenta en que "son apelables todas las resoluciones que causen un gravamen irreparable" en la resolución de un conflicto.
Esto se debe a que no existiría "otra oportunidad procesal para plantearla" y, por lo tanto, "ninguna medida o resolución que se ordene posteriormente en el transcurso del proceso, podría ya prevenir la efectiva consumación" del delito tipificado en el artículo 55 de la ley 24.051, concluye el escrito.
Fuente: Télam.
