Asambleístas de Gualeguaychú volvieron a denunciar a Uru

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú denunció este lunes la violación por parte del Uruguay del tratado de internacional de cooperación jurídica, a raíz de la no presentación a declaración indagatoria de directivos de Botnia, en el marco de la causa que, por intento de contaminación, inició el estado entrerriano. Fue luego de que el juez federal de Concepción de Uruguay Guillermo Quadrini, en una resolución, con fecha del 30 de marzo, citara nuevamente a declarar a los imputados dentro de los cinco días de haber sido notificados legalmente, quienes nuevamente no se presentaron a comparecer. Esta es la segunda oportunidad en la que Quadrini llama a declaración indagatoria a los directivos de la empresa finesa, quienes tampoco se habían presentado en las audiencias fijadas para fines de marzo. "El hecho de que nuevamente los directivos no se hayan presentado a declarar pone de manifiesto la sistemática violación por parte de Uruguay del tratado de cooperación jurídica pese a que el exhorto enviado por Cancillería fue dirigenciado con tiempo suficiente, no notificó a los imputados", señaló a Télam, Ana Angelini, quien integra el grupo de abogados de la asamblea. Por su parte, el asambleísta, Juan Carlos Quinteros, consignó a esta agencia que desde la asamblea entablarán alguna acción tendiente a "denunciar públicamente la situación, para que Uruguay sienta la presión de cumplir con el tratado de reciprocidad jurídica". El 19 de enero de 2006, el entonces vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino, presentó en el juzgado federal de Concepción del Uruguay, una denuncia penal por el delito de tentativa de contaminación contra los directivos de Botnia y Ence, por la construcción de dos plantas de celulosa en Fray Bentos. La presentación fue patrocinada por los abogados Romina Piccoloti, ahora secretaria de Medio Ambiente de la Nación, y por Juan Carlos Vega y formulada por el delito de contaminación en grado de tentativa, a raíz de los efectos nocivos que tendrá para el medio ambiente de la región la instalación de las pasteras. Entre otros directivos, la denuncia involucró al director general de celulosas Mbopicuá, filial uruguaya de ENCE, Fernando García Rivero, condenado en Pontevedra, España, por delito ecológico; al vicepresidente del grupo empresarial ENCE, Juan Ignacio Villena Ruiz Clavijo y al directivo del grupo, Pedro Blanquer Gelabert. La denuncia formulada por el estado entrerriano apuntó también contra el gerente general de Botnia S.A., Ronald Beare y el gerente de proyectos, Kaisu Annala. También contra el apoderado de Botnia Fray Bentos, Carlos Faropa; el presidente general de Metsa Botnia, Erkki Varis y contra todos los integrantes de las comisiones directivas de ambas empresas y todo otro responsable que surgiere de la investigación. Como ENCE renunció a construir una pastera en Fray Bentos, el juez Quadrini citó a través de la cancillería sólo a los empresarios de Botnia. Los empresarios son defendidos por el ex juez federal, Oscar Salvi, quien representó al ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas. Fuente: Télam.