ATE insiste en cuestionar el uso de fondos de la Ley 4.035
| La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) insistió en sus cuestionamientos hacia la forma cómo el Gobierno administra los recursos excedentes de la recaudación de la Ley Nº 4.035, destinada a financiar pensiones graciables.
Las cuentas que realiza ATE indica que entre 2007 y los primeros cuatro meses de 2009, el Estado recaudó $ 145 millones por aportes de los privados para financiar el beneficio de la Ley Nº 4.035 -0,6% tributan los empleados, y un 1,5% los empleadores—, un fondo que sirve para asistir a madres solteras con hijos a cargo, discapacitados y ancianos y que actualmente suman 11 mil personas, que reciben $200 al mes.
Pero de ese total recaudado por la Dirección General de Rentas (DGR), sólo se distribuyeron en el pago de beneficios unos $64,7 millones, sin que se sepa a ciencia cierta qué pasó con los restantes $80 millones. Tampoco se sabe qué ocurrió con lo que aportaron los empleados del Estado, unos $44 millones, que no ingresan a Rentas.
En total, ser trata de unos $124 millones cuyo destino no se conoce.
El ministro de Economía, Diego Valiero, salió rápidamente a refutar esas afirmaciones, y señaló que el gremio tiene "pleno desconocimiento" de la administración de esos recursos. Valiero afirmó que "la Dirección General de Rentas realiza la recaudación de la contribución que es cobrada a los privados y el resto es descontado de los haberes a empleados públicos cada fin de mes a través de la Tesorería General.
Son totalmente infundadas las expresiones de los representantes del gremio de estatales porque no conocen el funcionamiento de la Administración ya que este proceso se viene realizando desde hace mucho tiempo".
El Ministro planteó que "del ingreso total durante el ejercicio 2008, se destinó a pensiones $28.431.927, siendo de $36.650.000 la inversión prevista en este concepto para 2009, conforme surge de las autorizaciones establecidas en la Ley de Presupuesto".
Además, destacó que paralelamente una parte de lo recaudado por este concepto se destina al financiamiento de comedores escolares como así también a otros programas sociales, "pero siempre teniendo en cuenta las asignaciones de las respectivas leyes de presupuesto o haciendo uso de la facultad conferida por el Poder Ejecutivo de incorporar al Tesoro saldos no utilizados de recursos afectados o sustituir fuentes financieras para garantizar el cumplimientos de los fines del Estado".
Al respecto, ATE entiende que la utilización de recursos de la Ley 4.035 para otros fines distintos de lo previsto en la normativa legal vigente es "inconstitucional e ilegal".
Fuente: El Diario.
