| El pleno de delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió presentar una contrapropuesta a las autoridades gubernamentales para elevar el básico a 1.660 pesos.
“Buscamos mejorar algunos números, sobre todo en lo que respecta a lo que debería percibir el empleado encuadrado en la categoría más baja. Con ello pretendemos que pueda alcanzar los parámetros de la canasta básica familiar”, explicó el secretario general del sindicato, Miguel Pelandino.
A su vez, admitió que también pretenden modificar los plazos para la efectivización de la suba, puesto que el ofrecimiento oficial es en dos cuotas.
De este modo, el plenario ratificó que la contrapropuesta será presentada mañana ante autoridades del gobierno entrerriano. “Debemos trabajar de nuevo en los números, debido a quedaron algunas dudas en la forma en que se determinaban algunos códigos, pero que se esclarecieron en contactos que mantuvieron integrantes de la Comisión de Salario y el Ejecutivo”, acotó Pelandino.
Más adelante, reconoció que también se pretenden modificar los plazos para la efectivización del aumento escalonado: “Lo ideal sería que se acoten los tiempos, debido a que el gobierno nos ofreció pagarnos el incremento en dos tramos: el primero de diez por ciento en mayo y un seis por ciento en julio”, apuntó en diálogo con Uno.
Al mismo tiempo, puso como caso testigo la mejoría salarial que tuvieron los docentes. “Ese sector recibió el año pasado un incremento del cuatro por ciento, sumado al 17 por ciento de este año los ubica en un 21 por ciento. Nosotros queremos que la oferta mejore, por el hecho que el trabajador necesita alcanzar los niveles de la canasta básica familiar”.
Pero, el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Adán Bahl, desestimó la resolución adoptada por ATE y sostuvo que “el Estado sólo puede administrar los recursos y la proyección hecha por (la cartera de) Economía, a duras penas alcanza a cumplir con este compromiso”. En ese marco enfatizó que “plantear esos valores es totalmente inalcanzable”.
“El esfuerzo es de la sociedad que paga el sueldo a los funcionaros y empleados públicos”, por lo que “se deben administrar de manera responsable esos recursos. Lo propuesto es lo que las posibilidades financieras de la provincia permiten”, subrayó.
