| La ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor, ordenó una auditoría de todo el procedimiento que han hecho la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Mundial (BM) en la intención de otorgarle créditos a las empresas Ence y Botnia, para que realicen las papeleras en la República Oriental del Uruguay.
Así lo confirmaron esta mañana el gobernador Jorge Busti y el vicegobernador Pedro Guastavino, a quienes la asesora del Gobierno en esta materia, Romina Picolotti, les informó anoche que recibió la comunicación oficial de la oficina de la ombudsman con ese novedad.
Cabe recordar que en septiembre Busti y Guastavino, en su carácter de ciudadanos entrerrianos, representados por Juan Carlos Vega y Romina Picolotti, presentaron una denuncia en EE UU ante la oficina de la ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI), y asesor en materia de observancia, Meg Taylor, a quien solicitaron que audite el proyecto de Ence sobre la base del incumplimiento del mismo con las políticas internas de la CFI.
Asimismo, la oficina de la Ombudman (CAO) acusó recibo del pedido de extender la demanda en contra de los proyectos Orion (de Botnia) y Celulosas de M’Bopicua (de ENCE) al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI).
“Basado en nuestra revisión de su demanda original, extenderemos la demanda a MIGA y realizaremos una auditoria de cumplimiento de la CFI y de MIGA”, reza textualmente el comunicado dado a conocer por la oficina de la ombusman.
Guastavino consideró esta medida “sumamente positiva y es lo máximo a lo cual podíamos aspirar. Haber decidido provocar una auditoría significa que la ombudsman del BM tiene presunción de que ha habido negligencias u otras cuestiones que ameritaron la resolución que ha tomado”, subrayó.
Por último, señaló que “seguiremos esperando y seguramente el fin de semana tendremos mayores precisiones en cuanto a los pasos que va a dar la ombudsman”.
La denuncia de Busti y Guastavino ante la ombudsman del BM, se fundamentó en “los severos impactos ambientales, sociales y económicos que el desarrollo de los proyectos Orion 23817 y Celulosas M Bopicuá 23681 producirán sobre los residentes de la zona afectada”.
Se señalaron además “las violaciones de las políticas operativas de la CFI con respecto a proyectos sobre cursos de agua internacionales, sobre evaluación de impacto ambiental y de las políticas operativas de la CFI de acceso a información”.
En aquella oportunidad se pidió suspender el proceso de evaluación de otorgamiento del crédito en los proyectos, hasta que los riesgos ambientales, sociales y económicos sean debidamente evaluados y las violaciones a las políticas operacionales denunciadas sean ratificadas”.
Se solicitó también que “se garantice la información y participación de las personas afectadas”, como así también que “se consideren en el proceso de evaluación de otorgamiento de crédito las conclusiones del proceso de consulta”.
El primer resultado concreto de estas acciones fue la investigación que en octubre llevó adelante un equipo técnico de la oficina de la ombudsman de la CFI en Gualeguaychú y Fray Bentos. Caber señalar que fue la primera vez desde que se creó la figura del ombudsman del Banco Mundial que se decide realizar una investigación a raíz de una denuncia de carácter preventivo, como la presentada por Busti y Guastavino para frenar la instalación de las papeleras en Fray Bentos.
El equipo recogió evidencias por medio de entrevistas, evaluación de documentos, programas de muestreo y monitoreo de datos, evaluación de registros de consulta, y observación de actividades in situ y fuera del sitio del proyecto.
En este marco, un dato a tener en cuenta es que el financiamiento de las papeleras está pedido pero no otorgado, es decir, que se está trabajando preventivamente en todos los frentes. Por lo tanto, si la ombudsman se expide afirmando que los proyectos son contaminantes y peligrosos para el medio ambiente, estaría prácticamente tomada la decisión del Banco Mundial de no financiar ese proyecto.
La MIGA es un organismo que fue establecido el 12 de abril de 1988 como una organización miembro del Grupo del Banco Mundial. Su propósito es apoyar el flujo de recursos extranjeros de inversión entre sus países miembros en vía de desarrollo. Ese flujo debe lograrse en condiciones consistentes con sus necesidades de desarrollo, políticas y objetivos, sobre la base de estándares estables para el trato de la inversión extranjera. Esto se logra principalmente facilitando la inversión protegiéndola de los riesgos de fluctuación de las tasas de cambio de las monedas, las expropiaciones, las guerras y los conflictos sociales. MIGA dispone de sus propias Reglas de Arbitraje.
