| La Sala Civil del STJ confirmó el fallo de la Cámara. Determinó por unanimidad que no se requiere autorización judicial para interrumpir el embarazo y señaló que al tema deben resolverlo los médicos, confirmó el vocal Juan Carlos Ardoy.
La Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la resolución de la Cámara en lo Civil y Comercial que resolvió que no se requiere de autorización judicial para practicar el aborto a la menor embarazada por una violación. Ratificó entonces que el tema “debe resolverlo los médicos”, confirmó a Canal Once el vocal del cuerpo, Juan Carlos Ardoy.
"Se consideró como inadmisible el recurso y por esa razón se desestimó", explicó el magistrado, quien aclaró que ahora "la chica evaluará con el cuerpo médico que la está tratando los pasos a seguir".
Lo que el tribunal resolvió es un recurso de inaplicabilidad de ley presentado por el padre biológico de la mujer. En la presentación del abogado del padre “se señala que se violan algunos tratados internacionales que protegen la vida. Efectivamente, los mismos, que fueron incorporados a la Constitución, establecen la protección de la vida ‘en general’. Esta frase figura a los efectos de dejar a salvo la posición de aquellos países que permiten el aborto en algunos casos como éste. La interrupción del embarazo en caso de violaciones, más de una mujer discapacitada no quedó comprendida dentro de la protección de los organismos constitucionales”, argumentó Ardoy.
“Ese ‘en general’ deja a salvo a aquellos países que tienen pena de muerte, por lo cual los tratados internacionales no pudieron hacer modificar la legislación penal en aquellos países que tienen penas tan severas como ésta. Por eso es que se habla ‘en general’. Es un tema que resuelven los médicos, una vez comprobada la violación y la discapacidad mental de la menor”, concluyó el magistrado.
Por su parte, el defensor de Pobres y Menores, Pablo Barbirotto, quien representa a la madre de la chica discapacitada, señaló a Canal Once que la Sala Civil y Comercial del STJ “no ha dado autorización alguna para la interrupción del embarazo, sino que ha determinado que es una cuestión privada entre la representante legal, en este caso la madre de la joven y los médicos que estén dispuestos a la práctica”.
Fuente: El Once Digital.
