Avanza proyecto para controlar animales sueltos en rutas y caminos

Benedetti señaló que en Diputados continúan con el análisis del proyecto de ley que establece el control de animales sueltos en rutas y caminos. Al respecto, el legislador añadió que se tuvieron en cuenta sugerencias del Colegio de Abogados y del Instituto de Derecho Procesal y Constitucional. Asimismo, esta semana se reunieron en comisión para continuar su análisis. El rasgo principal del proyecto es que se le da carácter de ley a un decreto de 1999 que no está publicado. Además, le brinda herramientas al Estado “para evitar este tipo de accidente”. Por otro lado, “lo que resulta innovador es que le atribuye responsabilidad al Estado por cuanto no hay servicios en rutas provinciales porque entendemos que es un siniestro evitable”, destacó. Actualmente, “con todas las posibilidades que ofrecen los medios técnicos, no se justifica que aún se encuentren animales en la ruta”. En ese sentido, “no hablamos de responsabilizar al Estado por hechos que son delictivos o dependen del libre albedrío de la persona, sino que nos referimos a animales que aparecen en la ruta y a los inconvenientes que generan podrían ser evitados”, aseveró Benedetti. En el caso de los dueños, “son responsables en carácter de propietario así como también los cuidadores que tienen a su cargo a los animales”. De todos modos, “el Estado debe controlar los medios de prevención”, remarcó. Además, “cuando se encuentren cercos deteriorados, el propio Estado podrá repararlos por cuenta de los propietarios para recuperar el dinero”, ya que “no se justifica que, después de 200 años de que se instalaran los alambrados, los animales anden sueltos en la ruta”, subrayó. Una de las mayores amenazas para los vehículos que transitan por las rutas y autopistas es la presencia de animales sueltos y sin control alguno. El problema se agudiza cuando se tiene en cuenta la cantidad de muertes y graves incapacidades que provocan los accidentes de tránsito. Durante los últimos años, se discute a quiénes les cabe la responsabilidad por los daños causados por esas irrupciones. Hasta el momento, salvo excepciones, se aplicaba exclusivamente el Código Civil, que considera responsable al propietario del animal, propiedad que presuntamente surgiría de su marca o de otras pruebas. El sistema probó ser ineficaz, pues dicho propietario no siempre coincidía con el titular de la marca y la mayoría de las veces el dueño era imposible de ubicar, sin contar los casos de animales sin marca ni dueño identificable. Las concesionarias de rutas y autopistas sostenían esta tesis, amparándose asimismo en que no tendrían el poder de policía para realizar este control. Entonces, la única protección para el usuario serían los carteles que advierten en las rutas sobre la conveniencia de avisarle a la autoridad policial sí se comprueba la presencia de animales sueltos. Las concesionarias también aducen que aquella obligación excede lo pactado en la concesión, sosteniendo que su responsabilidad se limita a asegurar el libre tránsito por el camino o la autopista y que son ajenas a cualquier otro factor de riesgo. Esa interpretación restrictiva viola los derechos del consumidor, legalmente protegidos, y con respaldo constitucional desde la última reforma de nuestra Carta Magna. En ese sentido, quien accede a una ruta concesionada tiene una confianza fundada en que el encargado se ocupa razonablemente de su seguridad y que el Estado debe garantizarla porque está implícita en las obligaciones de la concesión que, por otra parte, se beneficia con un negocio por el cual percibe un ingreso. Fuente: AIM.