| El director de Trabajo de la provincia, Oscar Balla, desestimó la denuncia pública realizada por la empresa arrocera Calimboy SA, de Villa Mantero, a través de una solicitada, en la que se acusa a un funcionario de ese organismo de realizar tareas fuera de su competencia y jurisdicción.
En tal sentido, Balla aseguró que la actividad del agente se encuadró rígidamente en las normativas legales, tanto nacionales como provinciales, que corresponden al caso.
El hecho tuvo que ver con un conflicto laboral que la firma tuvo con sus empleados y el Sindicato de Camioneros, por lo cual se requirió la intervención de la Dirección de Trabajo.
“Nosotros actuamos de acuerdo a la legislación laboral que existe tanto a nivel nacional como provincial. Por lo tanto estamos absolutamente tranquilos, ya que lo que hicimos está encuadrado en la legislación. Hemos actuado en defensa de los derechos de los trabajadores y velado por el cumplimiento de la legislación laboral. Fue por eso que estuvimos presentes en esta cuestión”, aseguró Balla.
Enseguida remarcó: “La Dirección de Trabajo se viene desempeñando, como siempre lo ha hecho, para lograr el cumplimiento de todas las normas laborales, siempre en un ámbito de respeto y colaboración entre las partes patronales y sindicales a fin de no vulnerar ningún derecho. Por lo tanto, la imparcialidad en la solución de conflictos es premisa fundamental en nuestra concepción, máxime teniendo en cuenta que el rol del Estado debe ser igualitario para todos los ciudadanos”.
En relación al tema con la empresa Calimboy, detalló que el día 12 de mayo tomó conocimiento de que existía un inconveniente con los trabajadores que están en el transporte, donde también intervenía el Sindicato de Camioneros.
Puntualizó que a partir de eso le solicitó a la delegación de Concepción del Uruguay que se constituya en el lugar y que verifique esta situación. “El delegado de allí me corroboró que existía un problema, lo cual derivó en el dictado de la conciliación obligatoria el día 13 de mayo.
Entonces, la empresa relevó de prestar servicio a los trabajadores (en principio eran unos 20) mientras durara esta audiencia conciliatoria, los que su vez quedaron a disposición de la empresa para incorporarlos si lo consideraba necesario. Cuando finaliza la conciliación, el 6 de junio, quedaron nueve trabajadores a los que no se les había aclarado su situación laboral”, explicó el director.
Continuó relatando que, ante esta situación, le Sindicato de Camioneros, junto con los nueve trabajadores, solicitaron la intervención de la Dirección de Trabajo, por lo cual se designó entonces a un funcionario de Paraná para verificar esta cuestión, quien se constituyó en el lugar el 7 de junio, hospedándose en la ciudad de Basavilbaso.
Agregó que el inspector le requirió a la empresa que le clarificara la situación de esos nueve trabajadores, pero ésta desconoció al organismo provincial laboral y comunicó que se enviarán cartas documentos a esos trabajadores para hacerles saber en qué situación quedaban.
Agregó Balla que el funcionario de su repartición realizó tareas hasta el 13 de junio en que se terminó de clarificar la situación de los nueve trabajadores (cinco de los cuales fueron despedidos) mediante el envío de las cartas documento a cada uno.
“Queda claro que actuamos dentro del estricto marco legal. La ley provincial 7325 nos faculta a actuar, ya que tenemos que vigilar el cumplimiento de la situación laboral y participar donde haya conflictos. Es decir todo lo que hicimos lo prevé la ley”, remarcó Balla.
Enseguida desestimó también la referencia realizada por la empresa al argumentar que dicho inspector estaba actuando fuera de su jurisdicción, aclarando que “todos los inspectores de la Dirección de Trabajo poseen jurisdicción en toda la provincia”.
“En eso también están equivocados. Y justamente se designó un inspector de la ciudad de Paraná a los efectos de evitar inconvenientes y malentendidos”, remarcó el director.
Más adelante agregó que el problema no lo originó la Dirección de Trabajo ni el Gobierno provincial, sino que ya existía entre el Sindicato y la empresa, mientras que la Dirección a su cargo sólo intervino a los efectos de acercar las partes y buscarle una solución al problema.
Finalmente, Balla reveló que también recibió una carta documento de la empresa Calimboy, la cual ya contestó en sus debidos términos y le informó a la fiscal de Estado sobre lo actuado en la Dirección Provincial de Trabajo. “Así que estoy tranquilo porque está todo clarificado y porque hemos realizado todo dentro de la ley”, completó Balla.
