| La media sanción que obtuvo ayer en Diputados el proyecto de ley que autorizará al poder Ejecutivo a “actualizar” los impuestos para inmuebles rurales y establecerá un régimen de declaración voluntaria de mejoras “es otro manotazo al bolsillo del productor”, dijo el dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel.
El dirigente insistió que la medida es “otro manotazo al bolsillo al productor” y recordó que la presión impositiva que soporta el sector es la más alta de la historia del país. “Sobre la base de una concepción errónea que existe sobre el valor de la soja, tal vez el único de los cultivos que a pesar de tener el 35 por ciento de las retenciones no tiene una intervención nacional que hace que el productor no reciba lo que son los valores internacionales. Pero fundamentalmente, la preocupación esta centrada en lo que hoy el productor paga de impuestos, que llega en algunos casos a llevarse más de la mitad de la producción bruta, en algunos casos, más del 60 por ciento. Cualquier aumento, aunque parezca lógico en cuanto al valor de los campos, hace que salga del bolsillo del productor que está agobiado por los impuestos”.
Respecto de la falta de reglamentación de la Ley 9816, que faculta al gobierno entrerriano cobre el 3 por ciento del valor total de los granos a transportar a los pooles de siembra, por el derecho de uso de tierras cultivables, el dirigente señaló que el 22 de enero la FAA se reunió con el gobernador, Sergio Urribarri, para plantearle las inquietudes de la organización. “Nos dijo entonces que deberíamos conversar por el impuesto inmobiliario rural, pero a pesar de la promesa, no fuimos convocados”.
Por eso, la FAA tiene una visión crítica de la política impositiva del gobierno, que “sigue siendo regresiva y se plantea sobre un esquema de recaudación que no diferencia al que tiene mayor posibilidad contributiva del pequeño productor”.
Igual ocurre con las retenciones, explicó Bel: “paga lo mismo el que produce 10 toneladas que el que produce 10.000 y así seguimos con una política que concentra. Si hoy el impuesto inmobiliario rural es poco con relación al valor de los campos, no se justifica con lo que es la recaudación nacional y la pelea que tiene que dar la provincia para retener esos recursos, que en su gran mayoría no vuelven a Entre Ríos”.
Fuente: AIM.
