Busti quiere los nombres de los que colaboraron con la dictadura

“Nosotros debemos garantizar que ningún dirigente político que anda hoy hablando de democracia no haya sido miembro de los servicios. Así que yo voy a pedir que se transparente todo sobre los que actuaron en los servicios de informaciones del Estado desde 1976 a 1983 y que se publique la lista de todos aquellos que participaron en estos organismos del Estado”, remarcó Busti. Es por ello que el primer mandatario provincial advierte que, “desde la perspectiva democrática, sería un logro conocer el listado de aquellos que en todo el territorio nacional formaron parte de los organismos de seguridad estatales, tanto de la SIDE como los órganos especiales de cada una de las fuerzas armadas y policías federales y provinciales”, tras lo cual resalta que “el derecho a la verdad y a la justicia también se vincula con el conocimiento público de la labor de los ciudadanos” y que “especialmente es la información un bien preciado al momento de poder ofrecer elementos para hacer un juicio de valor sobre las personas”. “Está claro que a nadie se va a condenar por una profesión. Pero también está claro que nadie, absolutamente ningún hombre o mujer en Argentina, ingresaba en los años de la dictadura a un organismo de inteligencia, sin compartir los fines que éstos desarrollaban en la sociedad”, aclara el doctor Busti en su escrito. Entre los fundamentos políticos y jurídicos de tal requerimiento, el gobernador mencionó la reciente revelación de que el actual diputado nacional Juan José Alvarez fue agente de la SIDE durante la dictadura, incorporado en ese organismo por recomendación del ex general Albano Harguindeguy. “Esto puso de resalto una vez más un dato no menor para la democracia argentina: muchos dirigentes de hoy (sean políticos partidarios o de otros campos de acción de la vida) pueden haber sido colaboradores secretos de un gobierno cuya característica no solo fue el ‘facto’, sino que exhibió la mayor violencia e implementó el terrorismo de Estado, aplicando un programa económico de destrucción de la producción nacional cuyas características aún padecemos”, reza parte del escrito. En otros párrafos se agrega que “las leyes de inteligencia regulan el accionar de los organismos llamados a velar por la seguridad del Estado”, pero acota que “esas leyes de modo alguno protegen ni deben hacerlo a aquellos que colaboraron con la peor dictadura vivida por el pueblo argentino, dado que las tareas de inteligencia que en aquellos momentos se hacían no eran encaminadas a preservar la existencia de la nación, su territorio, su democracia o sus valores, sino que eran trabajos destinados al control ideológico interno, vinculados con la doctrina de la seguridad nacional, teoría en la que se fundaba la violencia ejercida en el país, con el claro y evidente fin de eliminar toda forma de oposición al régimen dictatorial”. En el mismo sentido se remarca que entonces “se cercenó así la vida de miles de compatriotas, encarcelando, desapareciendo, apropiándose de los niños, quedándose con bienes ilegítimamente, reprimiendo cualquier forma del pensamiento o la cultura que significara cuestionar el régimen impuesto”. Más adelante, el escrito del gobernador destaca que “el aparato represivo fue brutal: tuvo su brazo armado, tuvo colaboradores civiles y entre éstos, los que quizá con más saña se encargaron de apoyar al brutal terrorismo de estado, eran aquellos que desde los organismos de ‘seguridad’ brindaban datos sobre las actividades de sus conciudadanos, convirtiéndose en los gendarmes internos de distintas organizaciones populares, infiltrándose en las mismas y ejerciendo la delación como actividad cotidiana”. Por todo ello es que gobernador ha resuelto dirigirse a la presidenta de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia solicitándole que, conforme las facultades de contralor parlamentario que confiere la Ley 25.520 (Ley de Inteligencia Nacional, promulgada el 3/12/01) requiera a los tres organismos bajo su control, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, informen el listado de agentes de inteligencia que prestaron servicios entre el 24 de marzo de 1976 y hasta el 10 de diciembre de 1983, y que tales datos sean publicados en forma tal que cualquier ciudadano pueda acceder a los mismos. Y agrega que “la información requerida no vulnera ninguna garantía individual y de ningún modo atenta contra las finalidades de los órganos de inteligencia estatales, los que, como la propia ley impone, se vinculan a la seguridad exterior e interior”. Se aclara luego que, si bien la Ley vigente 25.520 habla de la protección de los datos y del secreto, está claro que esta disposición legal protege lo actuado en la plenitud de funcionamiento del sistema democrático y de ningún modo puede proteger lo actuado por un gobierno de facto. “Verdad y justicia han sido reclamos de la sociedad argentina respecto de lo ocurrido en la dictadura militar en materia de violación de derechos humanos. La apertura de los datos de los miembros de los organismos de inteligencia del estado durante esa época, sin dudas forma parte de tan legítimo requerimiento y resulta un derecho de los ciudadanos el conocer toda la verdad respecto de la actuación de quienes formaban parte del aparato represivo del estado”, resaltan finalmente las notas dirigidas a la presidenta de la mencionada Comisión Bicameral y al presidente Néstor Kirchner.