Busti reclamó ante la Corte Suprema por los recursos de coparti

Busti hizo la presentación amparado en la figura Amicus Curiae, utilizada por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso. La presentación se realizó esta mañana ante el máximo Tribunal bajo la figura jurídica Amicus Curiae, y en las próximas horas se brindarán detalles del contenido del escrito, informó APF. La información proporcionada puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso. Este tipo de presentaciones la pueden realizar ONG o personalidades que tengan interés en las causas que se tramitan. Ante esos requerimientos el titular de la Cámara Baja entrerriana puso de manifiesto mediante las certificaciones correspondientes que ejerció tres veces la Gobernación de Entre Ríos, sin cláusula de re elección, Presidente de la Convención Constituyente de Entre Ríos en el 2008; actual Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y con iniciativas presentadas referidas a la temática en cuestión. Busti hizo notar que la ley del Presupuesto Nacional alcanza un total de 353.700 millones de pesos donde se distribuye en forma directa 83 mil millones de pesos a las provincias, “configurándose de esta forma el porcentaje más bajo de distribución desde el año 1974 hasta la fecha”. El ex mandatario entrerriano consideró como “absolutamente ilegal e ilegitimo” que se siga aplicando el Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992. “En el párrafo primero de la Ley, en su Inciso A dice que el 15 por ciento de los fondos retenidos a las provincia serán para atender los pagos previsionales y otros gastos operativos que resultaren de ellos; claramente, esto perdió sentido y razón de ser al estatizarse los fondos de las Administradas de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)”. Finalmente, Busti sostuvo que “esta iniciativa no invalida, ni se contrapone con la acción parlamentaria realizada por los legisladores ni tampoco con una eventual acción que pueda llevar adelante el Fiscal de Estado de la provincia”.