Busti reclamo garantías para la vida

En declaraciones a la prensa desde Buenos Aires, realizadas desde su lugar de vacaciones, el primer mandatario entrerriano volvió a pronunciarse por la realización de “un estudio de impacto ambiental objetivo, independiente, no hecho por consultoras que están vinculadas a los intereses económicos, sino por el mundo académico de Argentina y Uruguay”, para poder zanjear las diferencias surgidas en torno a la instalación de dos plantas de celulosa en Fray Bentos. “Si se acuerda un estudio de impacto ambiental independiente, que podría ser realizado por la Universidad de la República con sus mejores inteligencias y la Universidad Nacional del Litoral, se podría hacer un impasse de 100 o 120 días”, continuó diciendo el gobernador entrerriano, al tiempo que indicó que “si ese estudio nos da la garantía suficiente de que las plantas no contaminan, que sigan para adelante. En cambio, si los resultados dicen que va a haber contaminación, que se frenen”. Más adelante, cuestionó que se siga adelante con la construcción de las plantas y subrayó que “esto es lo que irrita a la población de Gualeguaychú. Ellos ven que hay una comisión de las dos cancillerías que es de distracción, que hace 180 días que está funcionando, termina el 30 de enero, y Uruguay no ha contestado ninguno de los pedidos de la delegación argentina de cancillería”. En el marco de las acciones encaradas por el Gobierno entrerriano para frenar la construcción de las papeleras, comentó que “el jueves vamos a presentar una denuncia penal en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay contra los directivos de Ence y Botnia, enmarcada en la Ley 24.051 de residuos peligrosos. Creemos en la competencia del Juzgado Federal, ya que los efectos del delito son tanto para el Estado argentino como para el Estado uruguayo”, acotó. Además, dijo que “el miércoles a la noche se va determinar si a esta denuncia la acompaña la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú” y precisó que la demanda “es por el delito de contaminación en grado de tentativa”. “Queremos evitar lo que le pasó a Pontevedra”, enfatizó, al tiempo que indicó que “50 años estuvo esa ciudad para condenar a Ence por delito ecológico”. En cuanto a la presentación ante la Justicia Federal, estimó que se le hará lugar, puesto que existe jurisprudencia y “porque, además, está probado en el mundo que cuando se procesa el papel con cloro, contamina”. También hizo hincapié en que “la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú está bien informada. Se ha ido a Europa, se ha recorrido la planta”. En ese marco, sostuvo que en la Unión Europea exigen que las plantas de celulosa funcionen sin cloro. “No estamos oponiendo ecología contra desarrollo, sino que simplemente queremos desarrollo con garantías para la vida y para nuestra producción, que va a ser altamente perjudicada por la lluvia ácida”, enfatizó. Consultado sobre la interrupción del tránsito hacia Uruguay, dijo que “es una mezcla de derechos que se conculcan”. Enseguida resaltó que “hay que ver cuál es el que tiene más valor; yo creo que es el derecho a la vida”. “En este momento pueden pasar vehículo y camiones y cuando se corta pueden utilizar una vía alternativa que es el puente Artigas, que une Paysandú con Colón”, agregó, al tiempo que afirmó que “nosotros no promovemos los cortes”. Consultado sobre el accionar de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, remarcó que “es un organismo horizontal en el cual participan desde el trabajador más humilde hasta el empresario más encumbrado, de todas las ideologías políticas. Es gente pensante y ellos decidirán qué actitud toman”. En otro tramo de sus declaraciones, Busti cuestionó los dichos del presidente de la Comisión Permanente del Mercosur, Carlos “Chacho” Alvarez, al afirmar que “no se puede quedar bien con ambas partes. Hay que tener más conocimiento de lo que significan estas plantas, de cómo funcionan en el mundo. Hay que hablar con el alcalde de Pontevedra y preguntarle qué pasó en esa población, por qué le dicen "los olorosos" en España”. Además, hizo hincapié en que “lo que hay que buscar es respetar la soberanía del Uruguay, pero en el marco de que no tenga un efecto transfronterizo perjudicial para la Argentina”. “Proponemos un estudio de impacto ambiental objetivo. Para nosotros no hay nada claro. Estamos pidiendo una audiencia de partes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo independiente, a fin de conversar en forma racional sobre este tema”, enfatizó finalmente el titular del Poder Ejecutivo entrerriano.