Busti resolvió cubrir vacantes en el Superior Tribunal de Justi

Busti guarda como un secreto los nombres que propondrá, aunque no desmintió el carácter de las versiones que circulan. El caso es que los nombres y apellidos de los que todos hablan (los doctores Emilio Castrillón y Claudia Mizawak) aspiran a reemplazar al doctor Papetti y no muestran demasiado interés en la Procuración general. Es decir, habría dos postulantes para un mismo sillón. Y no un sillón cualquiera. En fin, que el asunto motivará reuniones apenas se acallen los ecos de las gestiones de la actual fiscal de Estado contra la instalación de pasteras en la costa oriental del río Uruguay, en La Haya primero y en diferentes unidades académicas europeas después. Aunque en distintos ámbitos, el presidente del bloque del PJ en la Cámara de Diputados, Emilio Castrillón, y la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, son miembros calificados dentro del proyecto de gobierno y, si estas especulaciones se confirmaran, no será sencillo convencer a ninguno de que el otro resulta ser la opción mejor. Más allá de estas consideraciones, el gobernador le dijo a El Diario que “ya no se puede esperar más, hace meses que estamos con estas vacantes y tal vez en agosto o en septiembre a más tardar tomemos la determinación de cubrirlas”. En vano fue insistir con interrogantes y planteos o suposiciones: el doctor Busti no se corrió un ápice de lo poco que enunció al respecto, como dando a entender que lo que desde cierta distancia parece sencillo es, en realidad, lo más parecido a un trastorno o, al menos, una situación que si no es resuelta con el esmero e inteligencia táctica de un ajedrecista puede derivar en recelos insolubles. Habrá que agendar entre los logros de la actual gestión ese acercamiento productivo que se ha generado entre la Justicia, la Legislatura y el gobierno. Y habrá que reconocer que en el proceso por redinamizar la comunicación ha influido el Consejo de la Magistratura que, en lo formal, ayudó a designar una treintena de jueces por concurso público y de antecedentes, pero además constituyó un ámbito que favoreció el intercambio de pareceres entre magistrados y funcionarios, legisladores, el Colegio de abogados, empleados judiciales y representantes de la sociedad civil. El otro factor coadyuvante es que, aunque lentamente, el Estado dejó de generar ese tipo de conflictividad que había desbordado los Tribunales, producto de incumplimientos sobre todo en el pago de haberes a trabajadores en actividad y jubilados. La reforma al Código de Procedimiento Civil se inscribe en este proceso, aunque en rigor mejor sería llamarlo adecuación a la normativa nacional. Según le dijo a esta Hoja el secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, José Carlos Halle, “en julio, Diputados le dará media sanción”. La otra reforma, la del Código de Procedimiento Penal, ya cuenta con media sanción. Ahí sí hay cambios nucleares que modificarán estructuralmente el aspecto de la Justicia. En cualquier caso, se trata de iniciativas sobre las que se viene discutiendo desde hace décadas. Es decir, la tarea de compatibilizar criterios entre distintos sectores ya tuvo lugar y actualmente los proyectos están siendo estudiados en la Legislatura. Los funcionarios del área destacan un hecho como si fuera un ejemplo de cómo han cambiado las cosas: la apertura de dos juzgados de Instrucción en Paraná ya tiene partida presupuestaria y ahora es el STJ el que está buscando un inmueble donde puedan funcionar. “No se trata de problemas entre corporaciones que tienen su influencia; el debate de fondo es cómo se establece la relación entre la sociedad civil y un poder del Estado, es decir, cómo dirimen los conflictos y en qué marco y en qué modelo”, opinó Halle, antes de señalar que “en esa tarea, hemos avanzado mucho”. Fuente: El Diario/Analisis Digital.