Busti y Guastavino impugnaron el estudio de Impacto Ambiental

El gobernador Jorge Busti y el vicegobernador Pedro Guastavino, en su carácter de ciudadanos, impugnaron el Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo (EIAc) realizado por Malcolm Pirnie y Pacific Consultants International, publicado por la Corporación Financiera Internacional (CFI) el 19 de diciembre del corriente año. Argumentan la ilegalidad manifiesta con respecto a las políticas de salvaguardia social y ambiental de la CFI; el caso omiso que hace el mencionado estudio a las recomendaciones de la CAO y la manifiesta arbitrariedad de una de las consultoras que realizó el EIAc. El documento está dirigido al presidente del Banco Mundial, Paul Wolfovitz, y bajo la caráctula “Impugnación al Borrador del Estudio de Impactos Acumulativos Uruguay - Plantas de Celulosa”, se remite copia a Meg Taylor (CAO), Dr. Jorge Taiana (Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina), J. Octavio Bordón (Embajada Argentina), Alietto Guadani (ED Argentina), Dr. Santiago Cantón (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Declan Duff (CFI) y Atul Mehta (CFI). A continuación se transcribe la nota enviada hoy, 20 de diciembre, por el primer mandatario provincial, el vicegobernador Guastavino y los patrocinantes jurídicos Juan Carlos Vega y Romina Picolotti. [b]La presentación[/b]: “Estimado Sr. Wolfovitz, Jorge P. Busti y Pedro G. Guastavino, por la participación que tenemos en la denuncia formulada oportunamente ante el Banco Mundial y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y 39.633 ciudadanos argentinos y uruguayos, con el copatrocinio jurídico del SADH representado por Juan Carlos Vega y del Cedha, representado por Romina Picolotti, respetuosamente nos dirigimos a usted con el objeto de impugnar en su totalidad el Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo (Borrador Diciembre de 2005) que fuera realizado por Malcolm Pirnie y Pacific Consultants International, y publicado por la CFI el 19 de diciembre de 2005. [b]Razones Jurídicas:[/b] 1. Ilegalidad manifiesta con respecto a las políticas de salvaguardia social y ambiental de la CFI. Específicamente nos referimos a la Política Operativa 4.01 la cual establece que "en los proyectos de Categoría A, el patrocinador realiza por lo menos dos consultas... una antes de finalizar los términos de referencia para el EIA". En el presente caso, hasta la fecha, ninguna consulta fue realizada con los 39.633 denunciantes que presentaron la demanda ante la CAO en el mes de septiembre. Con respecto a la labor realizada por la CBI, el señor Dimitris Tsitsiragos en carta con fecha de 6 de diciembre de 2005 aclaró "el trabajo de CBI en esta etapa no puede ser caracterizado como "consulta" en el sentido de una intervención directa de los actores involucrados entre ellos y la CFI, y ésta no es la intención ni el propósito". Como lógica consecuencia de esta violación de procedimiento por parte de la CFI, el ElAc está basado en información incompleta y no incorpora los numerosos estudios que se han realizado y que están en curso para brindar información técnica fidedigna sobre el proyecto de los patrocinadores Botnia y ENCE. En este sentido, resulta oportuno mencionar que el ElAc no considera, por ejemplo, el estudio sobre el impacto de estos emprendimientos en el Acuífero Guaraní elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, o el informe económico sobre los impactos de las fábricas de celulosa de Fray Bentos, el cual señala que sólo en los rubros depreciación de tierra y bosques de galería se producirá una pérdida económica de 790 millones de dólares como consecuencia de la contaminación que ocasionarían estos proyectos. Asimismo, existen informes técnicos especializados del Estado argentino en el marco de la Comisión Binacional con respecto a la contaminación hídrica y atmosférica que producirán estas plantas. Es precisamente este tipo de estudios, los que hubieran informado debidamente al ElAc si la CFI hubiera respetado sus Políticas Operativas. Por razones de hechos y de normativa, y en la seguridad de que usted coincidirá con este planteo, nos vemos en la obligación de impugnar este estudio por ser el resultado de la violación directa y reiterada de la legalidad interna de la CFI. 2 El presente estudio hace caso omiso de las recomendaciones de la CAO. Específicamente, la CAO recomendó "los períodos de consulta y divulgación se mantengan separados y no se mezclen..." y "consulta en el diseño e implementación del ElAc -asegurando completa transparencia de los Términos de Referencia y que las preguntas de la gente sean abordadas". En contundente violación a estas recomendaciones, la CFI no transparentó los términos de referencia antes de la realización del presente estudio y mezcló los períodos de consulta y divulgación. Tal como lo demuestra la publicación de este informe. 3. Manifiesta arbitrariedad de una de las consultoras que realizó el ElAc. Con respecto a la participación de Pacific Consultants International en la elaboración de este estudio, los reclamantes denunciaron en reiteradas oportunidades la parcialidad e incapacidad técnica de la misma, que se evidenció en el contenido del EIA realizado para la empresa Botnia, calificado por la CAO como inadecuado, y reiteradas declaraciones públicas a favor de la empresa por parte del Señor Madariaga, directivo de la consultora. Mientras tanto, el avance de estos proyectos sigue generando gran preocupación en la población que está tomando medidas de acción tales como cortes de ruta, protestas públicas y nuevas acciones legales en tribunales nacionales e internacionales, las cuales podrían haber sido evitables si se hubieran respetado las Políticas Operativas. Esto se suma a una lamentable tensión diplomática entre Argentina y la República Oriental del Uruguay generada por estos proyectos. No podemos sino reiterar nuestra enorme preocupación por la negligencia con que personal del Banco se ha conducido con respecto a estos proyectos evidenciada en sus reiteradas violaciones a las políticas de salvaguardia. Confiamos en que usted como presidente de la institución sabrá adoptar las medidas necesarias para encauzar este procedimiento- manifiestamente ilegal- en el marco de las Políticas Operativas y del informe de la CAO, organismo creado por la propia presidencia en una acertada manifestación de sabiduría. Por último, una vez más quisiéramos expresar a usted que tanto el gobierno de Entre Ríos como los afectados reunidos en la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú desean encontrar un espacio de diálogo para avanzar sobre la resolución de este conflicto.” [b]Omisiones[/b] El documento precisa la omisión del Informe Preliminar: Papeleras sobre el Río Uruguay, realizado por la cátedra de Ingeniería Ambiental, Cátedra de Obras Hidráulicas, en septiembre de 2005. También se advierta sobre el documento producto de un esfuerzo colectivo coordinado por el Dr. Héctor Sejenovich, asesor de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) con la participación de numerosos técnicos, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Lujan, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de la República (Uruguay) y profesionales integrantes de la ACAG. Finalmente, se indica los informes elaborados a partir de la información presentada por los propios patrocinadores en sus EIAc. 4 Informe de Evaluación Preliminar, Reclamación en Relación con una Propuesta Inversión de la CFI en los Proyectos "Celulosas de M'Bopicuá" y "Orion", Uruguay Noviembre de 2005, CAO.