Cada convencional dispondrá de unos 24 mil pesos por mes

Efectuados los descuentos, les quedan en mano entre 12 y 14 mil pesos, según cuánto sea lo deducido de Ganancias. Además de su dieta, cada constituyente dispondrá de 10 mil pesos por mes para contratar asesores. El rubro personal representa el gasto más elevado en el proyecto de presupuesto que presentó ayer el presidente de la Convención, Jorge Busti. El total de 17.718.165 pesos -previsto para una Convención que dure seis meses- se distribuyen del siguiente modo: gastos en personal: 12.141.165 pesos; gastos en bienes de consumo: 605.000 pesos y gastos en Servicios no personales: 4.972.000 pesos. La clasificación puede inducir a error sobre la tajada que los sueldos se llevarán del total. Es que en el rubro Servicios no personales se cuentan también los haberes de personal contratado y de los asesores que asistirán a los 45 convencionales. Para entenderlo mejor, hay que hacerse una idea de qué incluye cada categoría de gasto. Se contemplan aquí los sueldos de los 45 convencionales. El presupuesto dispone para este fin, de 18 mil pesos mensuales para cada uno. Hechos los descuentos para la obra social, los aportes a la Caja de Jubilaciones, la ley 4035, y el impuesto a las Ganancias, la dieta se reduce a entre 12 y 14 mil pesos, según estimaciones de fuentes oficiales que respondieron la consulta de El Diario. La variación depende de cuánto deba aportar cada convencional por Ganancias según su situación particular -si tiene cargas familiaries, empleadas domésticas declaradas, etc.- que deberá volcarse en una declaración jurada sobre un aplicativo provisto por la Afip. En esta categoría de gastos se cuentan también los sueldos de 57 empleados de planta de la Legislatura (la mayoría de la Cámara de Diputados) que se afectarán a la Convención y cobrarán un suplemento por ese trabajo extra. Este personal de planta es el que debe encargarse de llevar adelante el funcionamiento mismo de la Convención, que contará con iguales áreas que la Cámara de Diputados, aunque con menos empleados. Se ocuparán, entre otras, en las áreas de liquidaciones de sueldos, presupuesto, contrato de locación de obras, compras, tesorería, publicidad, rendición de cuentas, asuntos jurídicos, informática, decretos, mesa de entrada y salida, taquígrafos, correctores, personal, presupuesto, diario de sesiones, comisiones, biblioteca, arquitectura, prensa, prosecretaría, director de administración, jefe de seguridad, secretario privado de presidencia y mayordomía. Además de los 57 empleados de planta afectados, está previsto contratar unos 15 más, lo que llevaría el total de empleados afectados a la logística de Convención a entre 70 y 75. Estos contratados, más los asesores que cada convencional tome (cuenta para ello con una suma de hasta 10 mil pesos mensuales) se incluyen en el apartado Servicios no personales. También se cuenta aquí el gasto del alquiler de 13 locales destinados al funcionamiento de las comisiones (en el proyecto del oficialismo son ocho) y a los cinco bloques políticos. En total, insumen unos 40 mil pesos. Se suma además el alquiler de 18 computadoras y otras tantas fotocopiadoras (que se agregan a los equipos de la Cámara de Diputados, todo su servicio administrativo contable); 20 dispenser de agua; el servicio de audio (de uno 30 mil pesos mensuales); la contratación de un registro fílmico de las sesiones (unos 20 mil pesos), entre otros gastos. Lo que se contabiliza aquí es lo que resta. Todos los insumos de librería, en los que destaca la gran cantidad de papel que se utilizará, la tinta para impresoras, etc. Se incluye también el gasto en teléfono, servicio de internet y suministro de diarios en papel a los bloques. El proyecto faculta al Presidente a “distribuir los créditos de la presente resolución al máximo nivel de desagregación previsto en los clasificadores, según lo establezcan las normas vigentes en la materia”. Y también a “modificar los totales” de cada apartado “mediante transferencias compensatorias que no alteren el total general presupuestado”, y a “modificar la planta de cargos mediante transferencias compensatorias que no incrementen las cantidades totales”. Busti propuso que el Tribunal de Cuentas de la Provincia establezca una “Auditoria Permanente” en la Dirección de Administración de la Convención Constituyente. Ya emitidos los primeros decretos que dieron forma a la administración de la Convención, Busti sostiene que “es el momento de ocuparme del aspecto final de la trama administrativa, que es el control y rendición de los fondos erogados” y considera que “la mejor manera de efectuar este trabajo es encararlo con sentido preventivo, para lo cual es imprescindible que exista simultaneidad entre la realización del gasto y la observación de la autoridad de contralor, esto es el Tribunal de Cuentas”. Se pretende “evitar males antes que castigar su producción”, para lo cual el Tribunal de Cuentas “no debe estar presente de manera meramente pasiva, cuando los gastos se han efectuado, sino activamente, en el lugar y momento en que se realizan, observando, controlando, corrigiendo y asesorando a la administración en plena actividad”. El presidente de la Convención puso de relieve que las cifras del presupuesto fueron “acordadas con Economía” del gobierno que encabeza Sergio Urribarri. “Es lo que presupuestariamente la Provincia puede pagar sin tener problemas”, dijo. Y agregó: “probablemente había convencionales que soñaban con otro presupuesto”. El ex gobernador minimizó la diferencia entre el cálculo que desde su gestión se realizó el año pasado (entre 8 y 9 millones) y el que finalmente se presentó, de exactamente el doble. “Fue una estimación primaria, sin tener en cuenta todo lo que con el correr de los días fue apareciendo como gastos de organización”, comentó. Ocurre que la Convención es la que manda en este tema. Si los convencionales así lo determinaran, podrían fijarse un presupuesto de 50 millones y el Poder Ejecutivo se vería obligado a girar los fondos, a pesar de que no diga eso el Presupuesto 2008 aprobado durante la anterior gestión. “Nosotros somos oficialistas, así que vamos a cuidar más que nadie las cuentas de este gobierno”, tranquilizó Busti, que volvió a poner énfasis en que las cifras “están acordadas” con la gestión Urribarri. Internas aparte, el ex gobernador informó que de los casi 18 millones “hay que restar uno, que ya está ejecutado” con los trabajos de refacción que se efectuaron, principalmente en el Consejo General de Educación, donde funcionará el plenario. Busti destacó también que “se abarata mucho el gasto con la afectación de personal legislativo que cumplirá un doble turno”. “El proyecto que presento pretende sintetizar objetivos de difícil compatibilización como lo son, por un lado la necesidad de suministrar a la Convención los medios materiales necesarios para un eficaz funcionamiento con un nivel civilizado de comodidad y las inevitables restricciones presupuestarias que caracterizan a cualquier propuesta seria, categoría que pretendo para este proyecto”, dice Busti en los fundamentos de la iniciativa. “Para alcanzar el primer propósito -continúa- he tenido en cuenta los haberes de los convencionales, el pago de una cantidad adecuada de asesores mediante la modalidad de contratos de locación de obras y una adecuada logística para el funcionamiento de los cinco bloques parlamentarios y de las comisiones que integran la convención, que meramente a los efectos presupuestarios he estimado en el número de ocho”. Busti insiste: “Para evitar que los gastos presupuestados excedan lo razonable y provoquen un impacto excesivo sobre las finanzas públicas, he efectuado reiteradas consultas con el área de Hacienda del Poder Ejecutivo provincial, que ha considerado como aceptables las cifras que involucra este proyecto”. Las cifras “consideran un horizonte temporal de seis meses, superando en dos meses el plazo mencionado en la ley de convocatoria; he asumido este lapso de tiempo por razones de prudencia presupuestaria aunque es mi deseo, y será mi conducta permanente bregar para que el plazo de funcionamiento de la H. Convención no supere los cuatro meses”, aclara Busti. Fuente: El Diario.