Camino a saldar una deuda de la democracia

Con una numerosa concurrencia que colmó el salón de la Vieja Usina, se puso en marcha este lunes una nueva instancia del foro participativo de consulta pública para elaborar el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, impulsado desde el gobierno nacional. La iniciativa, que tendrá idénticas modalidades en otras regiones del país, instala un ámbito de debate, opiniones y sugerencias para definir un proyecto que será luego presentado al Congreso nacional. La provincia de Entre Ríos resultó ser una de las primeras elegidas para encarar este desafío que tiene un gran contenido ya que apunta a saldar una deuda que aún mantiene la democracia con la sociedad argentina, tal como lo señaló el gobernador Urribarri en su alocución. El encuentro contó con la participación de diferentes actores involucrados en la temática comunicacional, del ámbito académico, de la cultura, empresarios, estudiantes y de otras entidades que pudieron acceder a este espacio plural para realizar sus aportes y enriquecer la propuesta del Poder Ejecutivo nacional contenida en un borrador de proyecto de ley. Junto al gobernador y al interventor del Comfer estuvieron el intendente de Paraná, José Carlos Halle; el arzobispo de Paraná, monseñor Mario Maulión; y el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Eduardo Asueta. También participaron el ministro de Salud y Acción Social, Angel Giano; legisladores nacionales y provinciales, intendentes de diferentes localidades, funcionarios del gobierno entrerriano y representantes de colegios profesionales, entidades empresarias y trabajadores de la comunicación, entre otros. El gobernador Sergio Urribarri, al hacer uso de la palabra, agradeció al interventor del Comfer y a los demás funcionarios nacionales por haber elegido a Entre Ríos y a Paraná para ser una de las primeras provincias donde se desarrollen estas fases preliminares “de la formidable iniciativa que tomó la Presidenta, que es la regulación de los sistemas y servicios audiovisuales en la Argentina”. “Estamos agradecidos y felices por ser anfitriones, pero principalmente porque estamos responsablemente decididos a ser protagonistas de este proceso”, aseguró el gobernador. Advirtió que con esto se “empieza a saldar una vieja e importante deuda que tiene la democracia con la sociedad argentina”, al tiempo que dijo estar seguro e ilusionado que al finalizar este proceso “alumbrará una norma que garantice preceptos de progreso, pluralidad, diversidad, regionalismo y que a la vez logre uno de los cometidos más importantes, que es la protección de algunos sectores sociales, como la niñez y juventud, de ciertos contenidos que en los países más desarrollados en el mundo se protege”. Aseguró también que con esta iniciativa lo que se busca es un sistema más sano y democrático, contrariamente a lo que expresan “algunas voces que apresuradamente se levantan” rotulándolo como un intervencionismo del Estado. “Nosotros creemos que lo que se busca y se va lograr es democratizar. Esto que se está intentando hacer en la Argentina hace muchísimas décadas que se lleva adelante con éxito en las sociedades con tradición más democrática y libertaria como Canadá, Gran Bretaña o Estados Unidos”, manifestó Urribarri. Entendió que la iniciativa significa además “un gran desafío, sobre todo a la creatividad, porque por más que se ofrezcan y se concedan nuevas frecuencias, la sociedad argentina no va a mirar aquellos contenidos malos o de baja calidad”. Más adelante, el mandatario hizo una analogía de este proceso con las carreras de autos, en los siguientes términos: “Lo que estamos buscando, a mi entender, es que no haya una sola pista, sino que haya varias. Estamos buscando que los dueños de las pistas no sean también los mismos dueños de los autos. Estamos buscando que por esas pistas, garantizando y respetando su propiedad, puedan correr todos los autos que estén en condiciones de correr. Y debe ser el Estado el que regule este proceso, pero no para limitar, porque la limitación la hace la gente con su elección, ya que si no hay contenidos buenos la gente no lo va a elegir”, advirtió el mandatario. Destacó luego la valentía que significa encarar este proceso ya que por primera vez un gobierno democrático desde el año 1983 toma la decisión de hacerlo. Enseguida hizo mención a un intento que no tuvo éxito llevado adelante por el entonces senador radical entrerriano Ricardo Lafferriere. “Quiero aquí hacer una mención muy especial a un entrerriano que intentó parcialmente saldar esta deuda y no le fue bien, pero el intento valió la pena”, dijo Urribarri mencionando a Lafferriere. Finalmente, remarcó: “Creo que al final de este camino alumbrará la luz. Y a aquellos que se apresuran hablando de que se daña un derecho, les digo que gracias a Dios en este país, y por imperio y decisión del gobierno de Néstor Kirchner, hoy tenemos una Corte Suprema donde la mayoría de sus integrantes accedieron a sus cargos en un proceso inobjetable y en todos sus fallos demuestran cabalmente la independencia de su pensamiento. Por eso no hay que temerle tampoco a esto”, completó Urribarri, Por su parte, el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, remarcó que “la metodología de trabajo instaurada -a partir de la inquietud de la Presidenta de la Nación- da visibilidad, participación y voz a un tema silenciado en 25 años”. En ese marco, el funcionario instó a “suplir con mucha participación tanta imposibilidad de hablar de la ley de radiodifusión”. Recordó luego que en la plataforma de los partidos políticos de 1983, la UCR y el Partido Justicialista proponían cambiar la ley de radiodifusión por una nueva. “Tenemos que preguntarnos por qué la democracia no ha podido asistir a este debate, por qué los ciudadanos nos hemos privado de protagonizar en el Congreso el cambio de ley en la democracia; y cuáles son los intereses tan poderosos que se ven afectados e impiden que la vocación democrática de nuestros legisladores instale temas en las comisiones y en la agenda política”, cuestionó al respecto. Por lo cual, Mariotto manifestó: “Celebramos con mucha alegría la decisión de la Presidenta de la Nación de instalar el tema. Aún en un año electoral -porque era mito el no hablar de la ley de radiodifusión en año electoral- se instala el tema. Los legisladores ya tienen esta propuesta y sobre todo lo tiene la ciudadanía para, a través de la activa participación, dar miradas oblicuas y críticas que construyan el proyecto definitivo del Ejecutivo y así permitir que la Presidenta de la Nación lo envíe al Congreso y tener el debate intenso que se ha postergado durante este tiempo”, acotó. Dicho esto, el interventor reflexionó sobre diversas situaciones que atravesó nuestro país. “La sociedad argentina es consciente porque padeció la censura. En la dictadura hemos visto un Estado represivo que, además de matar y desaparecer, se encargaba de silenciar. El Estado censurando la voz”, sintetizó. Sin embargo, recordó que “en democracia, hay un decreto de necesidad y urgencia que dieron a la Ley la condición de convertirse en una norma terrible, compleja y dañina. Por decreto de necesidad y urgencia, se sumó la obsolescencia técnica y censura al monopolio”. En ese marco, el interventor advirtió: “Ahí echamos mano al Estado, en tanto resorte que no estaba activo para dar legalidad, ejecutividad y pleno ejercicio de los derechos. El Estado salva que una persona jurídica o una empresa se apropie de la voz de todos”. Trajo a colación luego algunos conceptos trabajados por el norteamericano y constitucionalista Owen Fiss en su libro “La ironía de la libertad de expresión” recientemente editado. “Aquel Estado que censuraba y reprimía, tiene que ser en democracia el Estado que de garantía de pluralidad y diversidad a todos los ciudadanos”, citó tras sostener que “en ese espíritu se basa nuestra propuesta del proyecto de ley. Recuperar los preceptos firmes y claros de derechos humanos y en línea con lo que plantean los organismos internacionales al respecto en cuanto al respeto al derecho de información y libertad de expresión”, acotó. En ese marco, insistió en que “hay países muy desarrollados en materia de libertad de expresión con un rol del Estado sólido, porque la libertad de expresión y el derecho a la información empieza y termina en cada ciudadano. No hay grupo monopólico o empresa que sea la única referente de esos derechos”, reiteró. Y consideró: “Nos cuesta porque estamos acostumbrados a vivir en este sistema mediático que nos parece natural, pero lo último que nos tiene que pasar es acostumbrarnos a cuestiones que atentan contra la libertad de la ciudadanía”. Aseguró que “al debate hay que hacerlo en este momento” y recordó que “siempre se encontraron excusas en la coyuntura para no tratarlo. Ahora dicen que es un año electoral y nosotros decimos que es una deuda de la democracia”, explicó. Mariotto consideró que “lo más importante de este tema es la discusión” y rescató que “en este tipo de encuentros se enriquece el texto del proyecto, se le da respaldo a nuestros legisladores y definitivamente -después de más de 25 años de democracia- la vocación de vivir en un sistema mediático ordenado, organizado, plural, diversos y en el que participan sectores sociales sin fines de lucro da otra condición a la ciudadanía”. Por último, el funcionario consideró la posibilidad de debate como “un cambio cultural muy profundo” e insistió que “no puede ser que en nombre de la libertad de expresión, una empresa se haga cargo de la voz de todos. No podemos perder esta oportunidad y después de una intensa participación, el Congreso debe darnos una ley”, aspiró finalmente. Por su parte, el arzobispo de Paraná, monseñor Mario Maulión, comentó que “ya el año pasado habíamos expresado desde la Iglesia, tanto a la Presidenta de la Nación como a las autoridades del Comfer y a distintos sectores políticos e institucionales, nuestra postura sobre lo que en ese momento se llamaba como ley de radiodifusión”. En ese marco, mencionó algunos puntos que en esa oportunidad manifestaron a la Presidenta, “que expresan lo que es el pensamiento de la Iglesia, no sólo católica, sino que también refleja el pensamiento de numerosos organismos e instituciones no gubernamentales, que están trabajando o quieren hacerlo en el ámbito de la comunicación social”. “En primer lugar, dijimos a la Presidenta que consideramos sumamente positivo y necesario que el Poder Ejecutivo Nacional formule un proyecto de ley que regule la radiodifusión en nuestro país como un bien social y que con la incorporación de las nuevas tecnologías pueda dar progreso al país, acorde a los tiempos”. El prelado señaló que por las palabras de la jefa de Estado en ese momento “nos sentimos convocados a participar de la gestación de este nuevo ordenamiento, que debe orientarse hacia el bien común. Y esto por dos razones: por la trascendencia para el orden jurídico que esta regulación tiene y esencialmente por el valor estratégico de la comunicación social para sostener los valores de la familia, de la educación y de la sana convivencia”. “Entendemos que la totalidad de los actores sociales deben tener derecho a acceder a ese bien de todos, que constituye la comunicación”, enfatizó luego monseñor Maulón. Continuando con su referencia al encuentro con la Presidenta, agregó que “le manifestamos que también como Iglesia nos sentimos actores y protagonistas de este proyecto de comunicación social, a través de herramientas que permitieron llevar su mensaje a los medios y a las tecnologías de nuestro tiempo, de acuerdo a las resoluciones dictadas oportunamente en 1990 y en el 2005 por el Comfer”. Para concluir, citó una reflexión de “un gran cardenal argentino, Eduardo Pironio, que en un congreso de comunicación realizado en Mar del Plata nos decía que la comunicación es esencial en la vida de los hombres. Desde pequeños y desde el comienzo de los pueblos nos comunicamos. Cuando no hay comunicación hay bloqueo de persona. Pero la comunicación alcanza su nivel fuerte y bueno cuando concluye en la comunión. En la comunicación para la comunión de personas pesará no solamente el respeto, sino la solidaridad”, completó Maulión.