Domingo 18 de Febrero de 2007, 11:52

CASO PORTILLO: EL MINISTERIO DE JUSTICIA ESTUDIA EL CASO

| La Dra. Ana Chávez, coordinadora del Programa Nacional Anti Impunidad, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, envió la semana pasada una nota al fiscal Rubén Chaia de Gualeguaychú, relacionada a la denuncia por las muertes de los niños Portillo de Gilbert, efectuada por el abogado Osvaldo Fornari, del Grupo de Reflexión Rural (GRR).

La doctora Chávez menciona que “halla mérito en el marco de interacción institucional y las actividades previstas por la norma de creación de nuestro Programa (Res. MJyDH Nº 398/03), y en cumplimiento del objetivo principal de nuestro Programa, que consiste en permitirle a la sociedad canalizar sus reclamos de justicia, mitigar y encauzar los efectos que la inseguridad en cualquiera de sus formas le ha generado”. En la nota, la doctora Chávez, además de ponerse a entera disposición del Fiscal, -luego de expresar su preocupación por el caso-, le transmitió algunas sugerencias con el objeto de profundizar la investigación sobre las causas del deceso de los niños Portillo. Entre ellas, que se requiera la colaboración e intervención de la Policía Federal Argentina a través de la “División Operaciones del Departamento Delitos Ambientales”; se cite a la familia Portillo y a los médicos que atendieron a los niños fallecidos, entre otros; se requieran las correspondientes historias clínicas (originales) de cada una de las instituciones hospitalarias en las que fueron atendidos los tres niños; se proceda a identificar de manera fehaciente a los propietarios y/o arrendatarios de los campos lindantes con el hogar de la familia Portillo, por el período que comprende la investigación del deceso de los tres niños 2003/2007. Y en la misma medida, se sugiere establecer la historia del uso de la tierra, estableciendo el tipo de plantación en los últimos tres años, ello conjuntamente con la modalidad y sustancias utilizados en las fumigaciones y su periodicidad. Se oficie a la autoridad de aplicación de la ley de Plaguicidas Nro. 6.599 -ratificada por la Ley Nro 7495- para que informe: 1) sobre los expendedores y aplicadores de plaguicidas en los campos identificados como lindantes al hogar de la familia Portillo; 2) sobre las sustancias y productos autorizados para la fumigación en la zona especificada durante el periodo 2003-2007. Se solicite asimismo, a la Dirección General de Fomento Agropecuario (Dirección General de Desarrollo Agrícola y Recursos Naturales), la nómina de Biocidas inscriptos en la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación que por su alta toxicidad ó prolongado efecto residual fueran de prohibida comercialización y/o aplicación restringida a determinados usos (art.5 de la ley de mención). Se requiera a las autoridades con competencia en: la regulación del espacio y trabajo aéreo; la aplicación de la ley 6.599 ratificada por Ley 7.495, y toda institución y/ó órganos de gobierno (Nacional, Provincial y Local) que estime correspondan; para que informen sobre la regulación de las fumigaciones aéreas en la Provincia de Entre Ríos, especialmente en la zona donde sucedieron los hechos que se investigan por el período indicado. En su caso requiera los expedientes administrativos por los que se autorizaron las fumigaciones. Se ordene la realización de una batería de análisis para cada uno de los miembros de la familia, que permita establecer con la mayor certeza y precisión, las consecuencias en la salud por la aspiración y convivencia de la familia con la producción agraria que utiliza agroquímicos en la fumigación, entre otras sugerencias. Fuente: Estela Gigena de la redacción del diario El Día.