Castrillón sumó críticas a su postulación

El Colegio de Abogados de Entre Ríos salió ayer a rechazar públicamente la postulación del diputado justicialista Emilio Castrillón para ocupar una vocalía en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ). Según manifestaron sus integrantes en una declaración acordada el viernes en Concordia y difundida ayer, de confirmarse en el Senado esta designación no contribuiría a “reafirmar la independencia del Poder Judicial”. Como se recordará, el gobernador Jorge Busti decidió días pasados elevar a la Cámara alta la propuesta de nombrar al legislador oficialista para reemplazar al recientemente jubilado Juan José Papetti. Desde entonces se conocieron varias voces en contra de tal determinación, no sólo desde la oposición política sino también de parte de miembros de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER). A esas instituciones se sumó ayer el Colegio de Abogados, con una declaración en la que señaló: “La propuesta de designación del doctor Emilio Castrillón para cubrir un cargo vacante en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, merece la desaprobación de esta institución en razón de la pública trayectoria política del letrado propuesto”. Además, el organismo que preside Luis María Campos sostuvo que “no se contribuye a reafirmar la independencia del Poder Judicial, del cual el Superior Tribunal es conducción, promoviendo para tal lugar a abogados que están ejerciendo activamente la política partidaria”. Los abogados entrerrianos aclararon que si bien tal actividad política “no es en sí misma un defecto”, sí es una condición que ubica a Castrillón “lejos de un sitio donde es indispensable la libertad de conciencia como garantía del sistema republicano”. “En virtud de ello, esta claro que la decisión tomada se encuentra reñida con el avance que la creación del Consejo de la Magistratura ha significado”, finaliza el documento fechado el viernes en Concordia, donde se reunió la comisión directiva para analizar el tema. Casi en idénticos términos se había referido al tema días pasados el presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Seró, quien también sostuvo que el diputado “no reúne los antecedentes suficientes como para ser miembro del Superior Tribunal”. Por su parte, el gremio de los empleados judiciales lamentó que el proceso de designación de los integrantes del STJ haya quedado excluido del sistema de evaluación del Consejo de la Magistratura. La postulación de Castrillón debe ser analizada por la Comisión de Acuerdos del Senado, organismo ante el cual deben presentarse formalmente las impugnaciones, observaciones y adhesiones. El candidato, además, deberá atravesar una audiencia pública en la que se someterá a las preguntas de los legisladores de la Comisión, de mayoría justicialista, para luego recibir la ratificación por el pleno de la Cámara. El período de presentación de dichas impugnaciones y adhesiones será de 10 días hábiles contados desde la publicación de los datos filiatorios y antecedentes del postulante, lo que hasta ayer no se había realizado. Todo el proceso, previsto en el artículo 19 del reglamento del Senado, se desarrolla en el lapso de uno a dos meses, de acuerdo a los anteriores procesos realizados hasta el momento. Para el caso de vocales del Superior Tribunal, este sistema ya se aplicó para Susana Medina de Rizzo y Leonor Pañeda, cuyos pliegos se aprobaron en setiembre de 2004 sin tener que atravesar obstáculos. Fuente: diario Uno.