Causa contra asambleístas: la resolución del tribunal se

En su exposición, el fiscal de Cámara, Ricardo Álvarez, cuestionó duramente el desempeño del juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel -quien el 2 de julio rechazó el pedido del Poder Ejecutivo Nacional-, y solicitó al tribunal que habilite el desarrollo de la instrucción y que se llame a indagatoria a cada uno de los imputados. Por su parte, la defensa compuesta por ocho letrados, planteó la imposibilidad de estructurar el hecho delictivo por el que se acusa a los asambleístas, la inexistencia de prueba del delito y la "selección azarosa" de los diez querellados. En ese marco, instó al tribunal a sentar precedente y no criminalizar la protesta social, y requirió la confirmación de la resolución del juez de primera instancia y el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la fiscal Daniela Neyra. Ambas partes hicieron uso de la instancia de réplica, tras lo cual el tribunal informó que hará uso del tiempo estipulado por el artículo 455 del Código Procesal Penal de la Nación para resolver la disputa. En el marco de la querella iniciada por el gobierno nacional por el corte de la Ruta Internacional Nº 136, los asambleístas de Gualeguaychú Ana Costa, Osvaldo Fernández, Jorge Fritzler, Víctor Limba, Juan Ferrari, Sira Muñoz, Alejandra Crimella, Cristina Limba, Paola Robles y José Gómez, junto a sus defensores, comparecieron este viernes desde las 8.50 ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que integran Daniel Alonso, Cintia Gómez y Gustavo Ibañez. El primero en exponer fue el fiscal Álvarez, quien se extendió por casi una hora. En su fundamentación, el fiscal intentó demostrar que los asambleístas conocían el grado del ilícito que cometían al interrumpir el paso por una ruta y por lo tanto son plausibles de sanción. Además, cuestionó duramente el desempeño del juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, quien el 2 de julio rechazó el pedido del Poder Ejecutivo Nacional de llamar a indagatorias; y advirtió que la causa no fue originada por el gobierno, sino que data de 2006. Sobre esa base, el fiscal solicitó al tribunal que habilite el desarrollo de la instrucción y que se llame a indagatoria a cada uno de los imputados, recalcando que no se los debe considerar como un colectivo. Tras un cuarto intermedio, las deliberaciones se reanudaron cerca de las 10.45 con las palabras del defensor oficial Juan Carlos Ferrari. Posteriormente fue el turno del abogado Osvaldo Fernández, precedido por Luis Leissa -defensor de dos de los imputados-, y el letrado Darío Carraza. Sucediéndose un nuevo cuarto intermedio. A su turno, Rubén Pagliotto -defensor de Fritzler y Acosta-, ironizó sobre la posibilidad de estructurar el hecho delictivo para la imputación sobre un ciudadano en particular; cuestionó la “selección” de los diez querellados; ofreció como prueba de “la esquizofrenia del gobierno” un subsidio por 100.000 pesos cedido a la Asamblea por la provincia, así como fotos del entonces presidente Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández apoyando la “causa nacional”. Además, recordó la ley provincial Nº 9922 “que declara paraje histórico y cultura a Arroyo Verde y destaca la abnegada lucha del pueblo de Gualeguaychú en defensa de la vida”. “Todo esto es un dispendio judicial inútil que se ha hecho para crispar los ánimos”; enfatizó el letrado y sostuvo que el juez Pimentel demostró “que no existe delito, y si no hay delito no se puede llamar a indagatoria”. Con esto, Pagliotto llamó al tribunal a “no firmar un cheque en blanco a la criminalización de la protesta social”. El siguiente en tomar la palabra fue el defensor de Victor Limba, Jaime Martínez Garbino, quien atribuyó la responsabilidad de la causa al procurador general del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, “a quien se le ocurrió armar este zafarrancho que no reúne los requisitos procesales”, cuestionó. En sus fundamentos, el letrado expuso la “imposibilidad” del delito en base a lo inverosímil de que diez personas hayan podido cortar la ruta durante cuatro años, las 24 horas del día; por todo lo cual solicitó la confirmación de la resolución del juez Pimentel y el rechazo del recurso de apelación, al igual que lo haría luego el doctor Venengo -defensor de Ana María Acosta-, quien acotó a lo planteado previamente por sus colegas “la inacción de la fuerza policial y judicial durante cuatro años”. Igual pedido esgrimió Daniel Garbino -defensor de Paola Robles Duarte-, quien advirtió sobre las vías alternativas terrestres, fluviales y aéreas de paso hacia Uruguay al hallarse bloqueado el Puente Internacional San Martín, tras lo cual señaló lo “irrisorio” de la molestia “en comparación con los derechos constitucionales que la lucha contra Botnia defiende”. En tanto que el defensor restante, Nicolás Tauber Sanz, se sumó al pedido de sus colegas considerando que “el tribunal tiene la oportunidad única en la jurisprudencia argentina de sentar un precedente en cuanto a poner un cote al Estado en la criminalización de la protesta por el bienestar general”. Haciendo uso de la instancia de réplica, el fiscal Álvarez volvió a fundamentar en una extensa exposición su pedido de confirmación de revocatoria de la resolución del juez Pimentel y el llamado a indagatoria de los diez asambleístas, luego de cuestionar "la defensa prematura de quienes todavía no han sido intimados". Por la defensa, tomó la palabra Osvaldo Fernández, quien asentó que "el conflicto va a finalizar cuando la planta de Botnia se vaya del río Uruguay", a lo que el público presente en la sala respondió con una intensa ovación. También duplicó el doctor Luis Leissa, quien marcó como "el primer derecho" al derecho a protestar, "porque es el que nos permite que el Estado reaccione y salga de la inercia en que se encuentra", sentenció, y solicitó al tribunal "buscar una salida que tenga que ver con valores, un fallo ejemplar con contenido pedagógico que estimule la preocupación y ocupación del ciudadano". Carraza y Pagliotto cerraron la instancia, conociéndose luego por parte del presidente del tribunal, Daniel Alonso, la decisión de hacer uso del tiempo que dispone el artículo 455 del Código Procesal Penal de la Nación y citar a las partes para tomar conocimiento de la resolución el 25 de octubre a las 8. Fuente: Análisis Digital.