Comienza a regir el sistema de presentismo para los empleados pú

Cuando este lunes los empleados del Estado comiencen a transitar el mes de marzo, se inaugurará un sistema de control de asistencia que castigará las faltas injustificadas al trabajo restándole la percepción de un adicional. A través del Decreto Número 5.248, del 5 de septiembre último aunque publicado en el Boletín Oficial recién el 17 de febrero pasado, el gobierno instrumentó a partir del 1º de de marzo el denominado “adicional por presentismo, puntualidad y permanencia en el lugar de trabajo”, de 150 pesos para el escalafón general y 170 para Enfermería. Aunque ese beneficio se deja de cobrar ante la acumulación de inasistencias, la norma prevé excepciones a la regla, en los siguientes casos: a)- licencia anual ordinaria; b)- licencias obligatorias por trabajo insalubre o licencias profilácticas; c)- francos compensatorios; d)- licencia por maternidad; e)- licencia por duelo; f)- licencia por nacimiento de hijo o adopción; g)- licencia por matrimonio: y h)- ausencia y/o retiro de su lugar de trabajo por donación de sangre, según consignó El Diario. La disposición tiende a un ordenamiento entre los estatales, pero también apunta a reducir el gasto salarial: cada año, según evaluaciones del gobierno, sobre un gasto salarial de 660 millones de pesos en Salud se ocupan 91 millones de pesos en pagar reemplazos y suplencias. El decreto establece taxativamente cuándo y de qué forma ese adicional se pierde. Así, fija que la “salida del agente de su lugar de trabajo por cualquier causa”, y que no estén incluidas en las excepciones, cuando superen las tres horas mensuales “motivarán la pérdida del adicional”. La merma del complemento salarial se hará según la siguiente escala: por un día de inasistencia, se perderá el 25 por ciento del adicional; por dos días, el 50 por ciento; por tres, el 75 por ciento; y por cuatro días o más, la totalidad del beneficio. “Las faltas con o sin aviso y las suspensiones como medidas sancionatorias, determinan la no percepción del adicional. La falta de puntualidad también implicará la no percepción del adicional”, también derivarán en la pérdida del beneficio. En este caso, también de manera gradual: dos llegadas tarde al mes, se resta el 25 por ciento del adicional; tres, el 50 por ciento; cuatro, el 75 por ciento; y cinco veces o más al mes, el 100 por ciento. Si bien la norma en principio se pensó para ponerla en vigencia a partir del 1º de enero último, luego se modificó la fecha, y se resolvió que sea a partir del 1º de marzo, según el texto del Decreto Número 6.779, del 26 de noviembre último. La puesta en vigencia de ese adicional por presentismo ya generó el rechazo de ATE, que alertó que su instrumentación podría generar un efecto “contraproducente”, según consideró el secretario general, Miguel Pelandino: “Rechazamos la implementación de este adicional porque entendemos que va a producir un efecto contraproducente. Un empleado con gripe, que necesita cuatro días de reposo, lo pierde, entonces en vez de cuatro, va a pedir 15 días, total es lo mismo. Por eso, decimos que esto va a generar más perjuicio. Si bien los funcionarios tienen informes económicos de cuánto se gasta en suplencias en Salud y en Educación, de la manera cómo lo quieren aplicar va a ser contraproducente. Además, esto precariza la situación del trabajador del Estado”. Pero fue más allá, y cuestionó la política del gobierno por cuanto con la modalidad de aplicación del adicional por presentismo, “Entre Ríos será la única provincia que en el marco de la crisis actual llevará adelante una rebaja salarial. Si uno falta, pierde salarios, por lo tanto es una rebaja salarial. Todo el año 2008 peleamos por una recomposición, y en septiembre nos dieron este adicional, pero con este régimen, eso se va a perder”. Por otra parte, el titular de ATE criticó también la modalidad de contratación de personal en el Estado, particularmente la que se instrumenta a través de contrato de obra, una forma de precarización que así prescinde del empleado de planta. El gremio estima que en toda la provincia hay aproximadamente 2.000 personas que el Estado contrata de ese modo, exigiéndoles facturas a cambio del pago, lo cual obliga a los contratados a inscribirse en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la categoría de monotributistas, “sin ningún tipo de amparo, porque además firman un acuerdo en esos términos. Pero en este caso, el Estado no debería reemplazar trabajadores del Estado por trabajadores precarizados. Esto perjudica a los activos, porque no hay aportes a la Caja de Jubilaciones, y cuantos más haya en esas condiciones, menos posibilidades financieras habrá en el futuro para los que hoy son activos, y luego accedan a la jubilación. El déficit se irá profundizando”, dijo Pelandino.