Contra las papeleras podría haber hoy protestas sorpresivas

Edgardo Moreira y Alejandro Gahan, integrantes de la Asamblea Ciudadana y Ambiental de esa ciudad entrerriana, indicaron a que nuevas protestas sorpresivas se realizarán desde hoy. Moreira comentó: "Hay familias autoconvocadas que quieren instalarse con sus carpas en las rutas durante 15 días". Gahan sostuvo que "la población se está autoconvocando y puede producir cortes en cualquier momento". Por su parte, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, afirmó que el Gobierno "no tiene otro remedio" que acompañar el reclamo de los pobladores, cuyo férreo rechazo a la puesta en marcha de las fábricas está motivado en la contaminación que se generaría en el río Uruguay y en la zona de influencia. "Cuando usted tiene estudios que dicen que eso va a significar una complicación ecológica a un tiempo vista, tiene que encontrarle una solución alternativa ante los gobiernos", dijo. Gahan puntualizó que "el levantamiento parcial de los cortes es un gesto de buena voluntad que busca iniciar un diálogo con las autoridades para evitar la instalación de las papeleras". Moreira, en tanto, aseguró: "El conflicto es una lucha de un elefante contra una hormiga, pero para peor de males el elefante es corrupto, que son en este caso las empresas de Uruguay, que todo lo compran". Mientras tanto, el director de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela, ratificó que si se instalan las plantas de celulosa en Fray Bentos, la zona del río Uruguay va a estar “apestada de olor a huevo podrido” en el año 2007, y se quejó por un retaceo de información por parte del gobierno de Tabaré Vázquez. El fiscal en lo Civil de la República Oriental del Uruguay, Enrique Viana, interpuso una demanda contra el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) por haber autorizado la radicación de la planta de celulosa de la empresa Botnia y pidió que se prohiba su instalación. El Gobierno entrerriano denunció al Uruguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, por haber autorizado la radicación de las papeleras ENCE y Botnia en Fray Bentos y desconocer el Tratado del río Uruguay. El presidente argentino, Néstor Kirchner, le envió una carta al Banco Mundial (BM) para que se suspenda el proceso de financiación de las plantas de celulosa en Fray Bentos. Para calmar los reclamos, el Gobierno uruguayo anunció que impulsará la elaboración de un proyecto de ley que regule la instalación de plantas de celulosa en el país. Sin embargo, el cuestionamiento argentino es que el vecino país no cumplió con lo establecido en el tratado binacional sobre el río Uruguay. Por pedido del Gobierno argentino, una delegación del Banco Mundial inspeccionó el lugar donde se están instalando las plantas ENCE y Botnia. Durante la visita, los funcionarios se entrevistaron con los mandatarios de ambos países y los directivos de las empresas. Un informe preliminar de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo económico para financiar proyectos privados del Banco Mundial, desestimó las posibles consecuencias nocivas de la instalación de las plantas en Fray Bentos. La instalación de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay, limítrofe entre ambos países, representa para ese país una inversión de 1.800 millones de dólares. La tercera. Pese al conflicto generado, la firma Stora Enso, de capitales finlandeses, empezó a comprar tierra en la parte meridional del Brasil, en Río Grande do Sul y busca hectáreas para comprar en la República Oriental del Uruguay (ROU), donde pretende establecer plantaciones de crecimiento rápido. El Alcalde de Pontevedra, España, donde está radicada la firma ENCE, Miguel Fernández Lores, reiteró el efecto contaminante de la pastera, que fue condenada por ese país por haber dañado el medio ambiente. El funcionario español confirmó que la fábrica de pasta de celulosa provocó graves consecuencias en materia de salud a la población. A raíz de las declaraciones del gobernador Jorge Busti, quien cuestionó la actitud asumida por el Uruguay respecto a las papeleras. La República Oriental del Uruguay (ROU) llamó a consulta al embajador ante la Argentina. Uruguay denunció que la Cancillería Argentina reconoció, en 2004, que las plantas de pasta celulosa tendrán un impacto “mínimo” sobre el medio ambiente y la calidad de las aguas no será modificada “sustancialmente”. La Cancillería argentina reiteró en una carta la solicitud de suspensión de las obras que están realizando las empresas Botnia y ENCE hasta concretar un estudio ambiental serio e independiente. El impacto económico desfavorable que significaría la instalación de las plantas, ronda el orden de los 800 millones de dólares, según un estudio que realizó un especialista en ecosistema e impacto acumulativo. La zona más afectada sería la zona sur de la provincia de Entre Ríos. El gobernador de Misiones, Carlos Rovira, mientras más se tensa la relación entre Uruguay y Entre Ríos por las plantas de pasta celulosa que se autorizaron en Fray Bentos, promocionó su provincia para que las cuestionadas industrias se radiquen en tierra colorada.